Cifras oficiales hablan de 1 mil feminicidios en México, durante 2019. La cifra es indignante a tal grado que dejamos pasar por alto muchos detalles, aunque uno de los principales lo recordó ayer, en entrevista con ADN40, la diputada federal Anilú Ingram Vallines: los hijos de las víctimas.

Si los 1 mil feminicidios en un año indignan, los tres mil niños en la orfandad, producto de la violencia en el mismo lapso deben de preocuparnos y ocuparnos de ellos y ayer en la Cámara de Diputados, donde curiosamente no hubo rondas de iniciativas, desde la curul, Anilú Ingram presentó una iniciativa que propone el registro de menores de edad en situación de orfandad y atención  inmediata para que no queden indefensos a la muerte de quien fue su sustento.

Creo que a todos nos queda claro que esto no se trata de sacar raja política, como bien lo dijo Ingram Vallines, sino de enfrentar una realidad cruda, lacerante, que lastima: al menos en el 2019, cada día murieron en promedio, por feminicidio, más de dos mujeres en el país; gracias a los feminicidios, cada 24 horas, en promedio, quedaron huérfanos 19 niñas, niños o jóvenes.

Anilú Ingram obliga a reflexionar con esta propuesta legislativa: ¿Alguna vez pensamos cuántos menores de edad perdieron a sus madres a consecuencia de los feminicidios? ¿De cuántos de ellos, su mamá era el único sostén? ¿Cuántos se quedan en indefensión, sin alimentos garantizados, educación o servicios médicos? ¿Le ha cruzado por su mente? Si me dice que no, entiendo… a veces nos gana más la indignación y nuestra omisión es involuntaria.

Atender a estos niños, niñas y jóvenes es de cierto modo, un deber moral de todos que debe reflejarse en la Federación y estados, ¿cómo? De acuerdo a la propuesta de Ingram Vallines, asignando recursos necesarios para atender y satisfacer las necesidades de alimentación, educación, atención médica y psicológica, en aras de evitar revictimización de los menores que ya de por si su vida se ha complicado.

Y no, no es necesario hacer rifas o sorteos… recursos hay y si no, baste recordar los más de 250 mil millones de pesos en programas asistenciales. Bien dice Anilú Ingram: “es más que justo y necesario que los hijos de madres asesinadas sean prioridad” para nuestras autoridades, para nuestros representantes populares, para nosotros mismos.

Anilú Ingram no se queda en la atención y registro de estas víctimas directas de los feminicidios… también propone aumentar al doble las penas en los delitos de violación y abuso sexual por razón de género. Es decir, la pena de 6 a 10 años pasaría a de 12 a 20 años;

 y en caso de violación, la pena sería de 16 hasta 40 años. Se trata de inhibir las conductas violentas contra las mujeres y las niñas.

Otro punto importante que propone la legisladora veracruzana es que el delito de feminicidio no prescriba. Actualmente, la prescripción difiere por entidad federativa, pero en promedio se habla de 5 años… ¿y qué ocurre con esto? crece la impunidad: el feminicidio cambia de residencia y espera. Luego, libre, sin la menor pena. Urge cambiar esta realidad.

Creo que todos compartimos la idea de la legisladora Ingram Vallines: el feminicidio existe y está creciendo y lamentablemente, a la sombra de un gobierno inepto, de la desarticulación de instituciones y de una muy cuestionable procuración de justicia. Los veracruzanos debemos entenderlo mejor, cuando nuestra entidad concentra al mayor número de mujeres asesinadas por razones de género en todo el territorio nacional. Las propuestas de Anilú no sólo son un acto de justicia para estos pequeños y jóvenes, sino una obligación moral de la Federación y los estados para nuestras asesinadas. En espera de que el resto de los legisladores entiendan la magnitud de los problemas que hay detrás de un feminicidio, ojalá aprueben estas iniciativas.

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