Conforme ha avanzado la emergencia y ante el crecimiento del número de contagios y la posibilidad de llegar a una fase de aislamiento generalizado, varios productos de consumo básico han comenzado a registrar alzas desproporcionadas en sus precios, lo que aunado a la franca recesión económica generada por la misma crisis sanitaria -que está ocasionando cierre de negocios y desempleo-, va en camino a provocar un problema mayor, especialmente para la población de escasos recursos.
Es inaudito que en algunos establecimientos el cono de huevo se esté vendiendo hasta en más de 90 pesos cada uno. Se trata no solamente de un abuso injustificable, sino de un acto inhumano que puede significar que una familia no pueda comer varios días.
Lo mismo sucede con el precio de la tortilla. En algunos estados del norte del país se llegó a vender en estos días a casi 25 pesos el kilo, mientras que el Consejo Rector de la Tortilla Tradicional Mexicana adelanta que el precio podría estacionarse en unos 20 pesos, debido a los aumentos en los insumos como el maíz.
Sin embargo, también están siendo detectadas prácticas como la descrita en el primer párrafo de esta columna: la especulación y ocultamiento de productos para encarecerlos, como denunciaron algunas agrupaciones sociales, que aseguran que “coyotes” están ocultando maíz en bodegas para que se dispare el precio.
Y mientras la emergencia avance, es previsible que se vuelvan aún más recurrentes estas conductas, lo que a su vez podría ocasionar que, ante la insuficiencia de recursos para adquirir productos básicos para la subsistencia, haya quien decida recurrir al saqueo de comercios.
Esa tentación ya ha sido detectada y hasta sancionada en algunos estados del país, de manera individual. ¿Pero podrán las autoridades contener a cientos o hasta miles de personas si llegan a tomar la decisión de recurrir a la rapiña para poder comer?
La Procuraduría General del Consumidor ha condenado -de palabra- los abusos en los precios de los básicos. El problema es que la dependencia fue prácticamente desmantelada por el gobierno de la autodenominada “cuarta transformación”, que no consideró que fuera necesario mantener sus delegaciones en los estados de la República. Así que no hay ningún lado al cual acudir a presentar una queja en contra de esas prácticas desleales y especulativas. Ni cuenta tampoco este organismo con capacidad alguna para frenarlas.
Los “hambreadores” del coronavirus están a sus anchas.
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