Como buen integrante de la autodenominada “cuarta transformación”, a Hernández Gutiérrez no se le da muy bien eso de acatar la ley. Por el contrario, la evasión de la justicia a través de la omisión de plazos, términos y sentencias son una constante en su cotidianidad, como quedó de manifiesto durante su comparecencia por la glosa del primer informe de gobierno del pasado 27 de noviembre de 2019, a la cual llegó con el amparo 841/2019 bajo el brazo, emitido ocho días antes de su cita con los diputados locales, para no pasar por la vergonzosa escena de ser aprehendido al llegar al recinto legislativo. Recurso que tuvo que gestionar por no hacer caso de diversas citaciones de un juez, lo que lo llevó a caer en desacato a una autoridad judicial.
A este episodio hay que sumarle muchos más que han sucedido en los frentes civil, mercantil y laboral, pues durante los 18 meses que lleva como titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) ha rebasado todos los límites éticos y legales en detrimento de muchos empleados de la dependencia.
Es el caso del despido injustificado de José Francisco Castillo Méndez, quien se desempeñaba como jefe de departamento en el área de Proyectos, Programación y Presupuestos de la SIOP y que documentó mediante fe notarial las irregularidades acontecidas durante su cese.
Sabiéndose protegido del secretario de Gobierno Eric Patrocinio Cisneros Burgos, y arropado por su relación de parentesco político con la diputada federal de Morena Dorheny Cayetano, como en otros asuntos similares a lo largo del año y medio que lleva en el cargo Elio Hernández ni se inmutó al ser demandado por la vía laboral e incluso por daño moral por los trabajadores afectados –porque hay varios casos en espera de resolución- y no respondió en los plazos legales a las querellas en su contra.
En el pecado llevó la penitencia. El pasado 2 de octubre de 2019 el Juzgado 16º de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa resolvió el caso 464/2019/III, condenando a Elio Hernández Gutiérrez a pagar cinco millones de pesos por daño moral al trabajador despedido.
Ha resultado tan limitado el director jurídico de la SIOP y representante de Elio Hernández en este juicio, Alfredo García Ríos, que la negociación para disminuir el monto de lo sentenciado por el juez fue pésimamente gestionada, al grado que los abogados del demandante señalaron a quien esto escribe que ha habido dilaciones y mentiras para solamente acordar el pago de 1.5 millones de pesos.
Tanto por sus propias omisiones como por la incompetencia de su director jurídico, Elio Hernández Gutiérrez tendría que desembolsar por lo menos un millón y medio de pesos como consecuencia de su tozudez, más lo que se llegue a acumular una vez que regresen a la actividad normal los juzgados del Poder Judicial del estado, donde están a la espera de resolución varios asuntos similares.
¿De dónde sacará para pagar? ¿De su peculio o del erario? En el primer caso, con su sueldo no le alcanzaría para cubrir las indemnizaciones; y en el segundo supuesto, estaríamos hablando de daño patrimonial a la Hacienda estatal. En cualquiera de los dos, el “globo de helio” de Elio Hernández está a punto de reventar.
Pero como es una constante en los gobiernos de la “4t”, la abierta incompetencia o la pública deshonestidad son “peccata minuta” si de sus allegados, socios o cómplices se trata, al cabo que “el PRIAN robó más”.
Aunque la “cuarta” se le acerca a gran velocidad.
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