Hace un par de semanas, a finales de junio, se dejó ver en un popular café porteño el  exalcalde priista de Boca del Río, Salvador Manzur Díaz, rodeado de otros siete amigos, entre ellos Ramón Álvarez Fontán, un polémico empresario y exfuncionario duartista a quien el exdiputado federal del PRI estaría perfilando como candidato para la alcaldía boqueña, pero no por el partido tricolor sino por el bloque partidista que encabezará Morena en 2021.

Habrá que ver si el alfil de Manzur pasará la prueba de la honestidad del actual régimen de la 4T.

Y es que apenas asomó la cabeza, los detractores de Álvarez Fontán comenzaron a difundir su vida y milagros, entre ellos su turbulenta salida de la administración del exgobernador Javier Duarte en medio de graves señalamientos de corrupción por la presunta malversación de recursos públicos estatales y federales, por los cuales le habrían sido abiertos algunos expedientes en la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y hasta en la Procuraduría General de la República (PGR).

Al ahijado político de Manzur le atribuyen, por ejemplo, haber sido el operador de las  donaciones que Petróleos Mexicanos hizo al Gobierno del Estado mediante el suministro de gasolinas, asfalto y hasta la entrega de un helicóptero marca Eurocopter que Pemex le entregó a Duarte de Ochoa para apoyar las labores de la Secretaría de Protección Civil. 
A Álvarez Fontán lo han llegado a implicar hasta en el presunto desvío de combustibles hacia sus propias estaciones de servicio y las de otros empresarios gasolineros que casualmente tuvieron gran poder desde el sexenio del exgobernador Fidel Herrera Beltrán al ser los principales financiadores de las campañas de los candidatos del PRI, entre ellas las de Duarte y Manzur en 2010. 
Además de la supuesta carpeta SIEDO/134/2016 que desde hace cuatro años le habría abierto la PGR por asociación delictuosa, Álvarez Fontán enfrentaría también otras denuncias ante la ASF tras su paso por una área de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, por los presuntos delitos de peculado y omisión de un deber legal. 

Y es que señalan que la ASF habría detectado que Ramón Álvarez, como encargado de darle mantenimiento a la maquinaria pesada, habría dispuesto de un presupuesto anual de 178 millones de pesos; sin embargo, cuando los auditores federales revisaron el parque vehicular de la SIOP se encontraron con pura chatarra, por lo que se le habrían fincado responsabilidades por un supuesto desvío de recursos y daño patrimonial, según el expediente ASF/234/23/2016.

En el proceso resarcitorio ASF/378/23/2016, la ASF resolvió que existía responsabilidad del entonces funcionario estatal, debiendo  resarcir al patrimonio del estado 23 millones 456 mil 768 pesos, ante la falta de comprobación de recursos destinados al mantenimiento de la maquinaria del gobierno del estado.

Según refieren, para garantizar el pago, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ejecutó el embargo precautorio de su casa particular ubicada en la calle Punta Salinas número 321 del fraccionamiento El Estero, por lo que para resarcir el desfalco a la hacienda pública, Ramón Álvarez habría tenido que vender la gasolinera de su propiedad ubicada frente al palacio municipal de Boca del Río, con lo cual pudo evitar el embargo definitivo de su residencia.

Las averiguaciones de la PGR y de la ASF, al parecer aún no han sido sobreseídas.

Por eso sorprende que, aparte de Manzur, otros destacados personajes de la 4T en Veracruz –como el subsecretario de Gobierno, Carlos Juárez; el aspirante a la dirigencia estatal de Morena, Esteban Ramírez Zepeta, y el diputado federal Ricardo Exome Zapata, entre otros– estarían apuntalándolo supuestamente también para la alcaldía boqueña.

 ¿Será? Algunos lo dudan, pero los amigos de Álvarez Fontán están muy seguros de su candidatura, la cual se habría ganado –dicen– por su entrega y aportaciones a Morena en la reñida sucesión estatal de 2018, pues le tocó operar en el bastión panista del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares.