De manera individual y colegiada, abogados veracruzanos han estado presionando mediante exhortos publicados en medios de comunicación así como a través de recursos de amparo interpuestos ante Juzgados federales  para que garantizando las condiciones sanitarias para proteger los derechos a la salud y la vida tanto de las personas justiciables como de los servidores públicos que prestan sus servicios en el Poder Judicial del Estado (PJE), se dicten las medidas pertinentes para asegurar de manera eficaz el derecho de acceso a la justicia reconocido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Y es que desde abril se ha venido prorrogando la suspensión de actividades del Poder Judicial debido a la pandemia del Covid-19, lo que obviamente tiene paralizados los miles de juicios que se llevan en los diversos Juzgados de la entidad.

La semana antepasada, el Colegio de Abogados de Veracruz, A.C., al rechazar públicamente la iniciativa de decreto que pretende modificar la forma de tomar decisiones por parte del Pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y la creación de la figura de Vicepresidente de dicho Pleno, por considerar que contradice el artículo 57 de la Constitución Política local, expuso que “en este momento, lo que se necesita, es una modificación que le permita al Poder Judicial transitar a la modernidad y digitalización de los procedimientos judiciales.”

A su vez, el abogado Ricardo Morales Carrasco, en el amparo que interpuso ante el Juzgado sexto de Distrito con residencia en Boca del Río, pedía la “E-Justicia” en las materias civil, mercantil, familiar, laboral y cualquier otra, a que se refiere la justicia en línea, ante la omisión de la presidenta del TSJ, Sofía Martínez Huerta, para implementar medidas efectivas y eficaces para que magistrados, jueces y el personal administrativo reanuden la actividad esencial de impartición de justicia.  

Otro litigante, Rafael Santorum Vázquez, también interpuso un juicio de amparo indirecto ante el Juzgado de Distrito del Séptimo Circuito, en el que alude al artículo 85 de la Ley Orgánica del PJE, el cual establece que “el Consejo de la Judicatura implementará los mecanismos tecnológicos que garanticen la certeza jurídica y la confiabilidad de las notificaciones por los medios electrónicos que hayan sido previamente autorizados, y podrá celebrar los convenios de colaboración respectivos con la autoridad  competente, a fin de hacer uso de la firma electrónica avanzada…”

Ante esta parálisis del TSJ y su evidente desfase tecnológico, hay quienes obviamente se preguntan si en Veracruz el Poder Judicial del Estado estará listo también para cumplir con la reforma a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobada por el Congreso de la Unión el 29 de julio pasado y recién publicada la semana anterior en el Diario Oficial de la Federación, en cuyo decreto firmado por el presidente López Obrador se establece que a partir de la segunda quincena de febrero de 2021, el Poder Judicial federal y los de cada una de las entidades deberán difundir las versiones públicas de todas las sentencias que emitan.
Para ello, el Congreso local deberá realizar cambios en las leyes para establecer la publicación de las sentencias como parte de las obligaciones de transparencia de juzgados y tribunales, pues todas las sentencias deberán transparentarse en versión pública.
Antes de esta reforma, la ley señalaba que los poderes judiciales debían difundir las versiones públicas de aquellas sentencias que fueran de interés público. Sin embargo, este margen de discrecionalidad otorgado para decidir qué era de interés público hizo que en la práctica ninguno de ellos publicara las sentencias emitidas por sus jueces y tribunales.
La opacidad hizo que organizaciones sociales como Equis Justicia para las Mujeres y el colectivo #lojustoesquesepas impulsaran la reforma que fue abanderada por el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado y aprobada con el aval de las demás fuerzas políticas. 

‘SERVIDORES’ EXHIBEN A HUERTA

Al que dicen que no le fue nada bien en la gira que el pasado fin de semana realizó por el norte del estado Gabriel García Hernández, coordinador general de Programas para el Desarrollo, del Gobierno Federal, fue al súper delegado de la Secretaría de Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.  

Y es que un grupo de Servidores de la Nación acudieron al Centro Integrador de Tuxpan para reclamar ante García Hernández la falta de pagos y el despido de 34 trabajadores, lo que sacó de sus casillas al alto funcionario lopezobradorista que en un video que circula en redes sociales se le ve y oye responder en tono amenazante.

Inclusive se escucha también a Huerta expresar que no van a permitir que… “secuestren al gobierno”. ¡¡Órale!!

Gabriel García es considerado el hombre más poderoso del gobierno federal después del Presidente, ya que coordina una mega estructura integrada por los 32 Delegados Estatales, 128 Subdelegados Estatales y 266 Coordinadores Regionales, de los que a su vez dependen los 18 mil 300 Servidores de la Nación, cuya función será clave en el próximo proceso electoral de 2021 para el partido en el poder, pues tan solo el monto de los programas asistenciales que se encargan de hacer llegar a los beneficiarios rebasa los 400 mil millones de pesos al año.