Nunca en la historia jurídica de Veracruz -desde la Constitución local de 1825 hasta la fecha- el Poder Judicial había pasado por un momento tan crítico como el que vive en la actualidad. Su parálisis es punto menos que absoluta y los plazos para su reactivación se prorrogan a conveniencia de la titular de ese Poder autónomo, la magistrada presidenta Sofía Martínez Huerta.
“Aquí veo que pesa más la recomendación, que la historia jurídica o la honradez. Veracruz siempre será dominado por el dedazo, aquí no importa la capacidad, usted pasó de panzazo”.
Esas fueron las palabras con las que la magistrada Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros recibió a Sofía Martínez, al momento de confirmarse su designación como Presidenta del Poder Judicial.
El ambiente era francamente hostil. Los magistrados tenían claro que las evidentes limitaciones de la nueva Presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) podrían arrojar graves consecuencias al funcionamiento del máximo órgano estatal para la impartición de justicia.
Sus más altas responsabilidades antes de ser ascendida a magistrada del Poder Judicial, habían sido la de juez municipal y su desempeño profesional al lado del magistrado Dionisio Gutiérrez, a quien ubican como el principal impulsor de su carrera.
En diciembre del 2019, apenas un mes después de que fue designada por el gobernador para ocupar una de las vacantes de magistrados en el Poder Judicial, en un “mini Pleno” que integran los ocho titulares de Sala, el magistrado Marco Antonio Lezama Moo la propuso como Presidenta y fue respaldado por sus colegas.
Convencida de su escaso margen de operación, la nueva titular del Poder Judicial no buscó alcanzar acuerdos o sumar voluntades a su gestión. Frente a su incapacidad para convencer a sus pares, optó por el camino más corto: la imposición, sin importar que con ello pisoteara acuerdos, reglamentos, leyes y hasta la propia Constitución de Veracruz.
De inmediato colocó a uno de sus hijos (César Díaz Martínez) en funciones extraoficiales de secretario particular. Entre sus dos hijos (César y Guillermo) se encargaron de hacer una “limpia” dentro del personal de confianza para colocar a sus aliados, sin importar que no cubrieran el perfil requerido.
Guillermo Benjamín Díaz Martínez (quien designado Presidente de la Junta Local de Conciliacion y Arbitraje, como parte de un acuerdo con la que fuera secretaria del Trabajo, Guadalupe Argüelles) impulsó a su pareja sentimental, Mayra Angélica Martínez Juárez, como Secretaria de Acuerdos del Consejo de la Judicatura.
En el ámbito administrativo, César Díaz Martínez formó un sólido equipo de incondicionales, encabezados por Hernán García Sobrevilla (Director de Administración) y Mónica Morales Silva, nombrada subdirectora de Recursos Materiales.
Muy pronto se hicieron evidentes las irregularidades en las adquisiciones y en la contratación de obras del programa de Ciudades Judiciales (adjudicaciones directas de contratos millonarios, licitaciones amañadas, procedimientos fuera de plazo) lo que dio como resultado que el Consejo de la Judicatura los llamara a cuentas y acordara cambios radicales en la operación del Poder Judicial.
Mónica Morales fue retirada de la subdirección de Recursos Materiales y en su lugar se designó a José Luis Márquez, mientras que su jefe, Hernán García Sobrevilla fue retirado de la Dirección de Administración, aunque gracias a las presiones de la propia magistrada presidenta, se le reubicó en el Órgano Interno de Control (OIC) posición estratégica desde la que podría cubrir todas las inconsistencias administrativas en las que incurrió en su anterior encargo.
A pesar de los ajustes y del llamado de atención de los integrantes del Consejo de la Judicatura para la Presidenta del Poder Judicial, ésta se rebeló y logró imponer al personal que había señalado por su ineficiencia o sus manejos irregulares, en nuevas posiciones.
Mientras Hernán García Sobrevilla operaba como Director de Administración, la titular de la contraloría interna (ubicada ahí para encubrir los negocios ilícitos) era María José Cortés Virues. Fue removida de ese cargo, pero la Presidenta la “premió” ubicándola en la dirección del Fondo Auxiliar del Poder Judicial.
Para evitar que la nueva directora de Administración, Joana Marlen Bautista Flores, descubriera los turbios movimientos que desde esa oficina se hacían, Hernán García Sobrevilla dejó una carpeta de entrega muy limitada, con muy poca información útil para su sucesora.
Sin embargo, en unas cuantas semanas se acumularon documentos y testimonios sobre las irregularidades encontradas:
Se descubrieron movimientos de recursos entre capítulos sin autorización del Consejo de la Judicatura; los contratos de servicio de vigilancia, sanitización, agua purificada, material de limpieza, equipo médico, seguros de vida y la construcción de la Ciudad Judicial de Cardel, carecen de actas del Pleno.
Sin una justificación válida, se utilizó el mecanismo de adjudicación directa para la compra de material en equipos e insumos de informática por más de seis millones de pesos.
Tan sólo el contrato de sanitización de las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia ascendió a 4 millones de pesos y fue adjudicado a una persona física, cuya actividad primordial es la de construcción, sin experiencia comprobable en el ramo, con documentación falsificada del producto, licencia y permisos sanitarios a nombre de otra persona y con un costo del servicio cuatro veces más alto que lo que se encuentra en el mercado.
También se detectó que fueron duplicados los contratos en servicios de impresión y fotocopiado; se hizo una compra extraordinaria de material de limpieza por 1.6 millones de pesos, justificándola con el tema de contingencia sanitaria, a pesar de que ese rubro ya estaba considerado en el programa anual de adquisiciones.
De todas estas irregularidades hay testimonios documentales y se han levantado actas que se convertirán en expedientes para ser turnados a la Fiscalía Anticorrupción.
Todo será cuestión de jalar el hilo correcto, y uno a uno irán cayendo los servidores públicos que incurrieron en actos ilícitos, desde modestos jefes de departamento, hasta la propia Presidenta del Poder Judicial.
Sus días están contados.
* * *
Epílogo.
La Legislatura de Veracruz aprobó este martes reformas al Código Financiero. La medida más relevante de este decreto es la disposición para que todas las dependencias de la administración pública estatal reintegren a la Secretaría de Finanzas y Planeación, en los primeros 10 días hábiles del mes de enero, los recursos públicos estatales que no hubieran aplicado. *** No se ponen de acuerdo. El “superdelegado” Manuel Huerta, asegura que el cuartel de la Guardia Nacional (GN) se construirá “sí o sí” en el parque conocido como La Loma. El alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez, sin embargo, asegura que eso no va a suceder y que ya se está consiguiendo otro espacio para que la policía federal construya su sede. ¿A quién hacerle caso? *** Los contagios confirmados de Covid-19 en México suman 610 mil 957, con los 4 mil 921 nuevos casos notificados en las últimas 24 horas. El registro de decesos también sigue en aumento. Las muertes por el nuevo coronavirus confirmadas por laboratorio llegaron a los 65 mil 816, con un incremento de 575 fallecimientos de lunes para martes. *** José Luis Alomía, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, detalló que la tasa de ocupación de camas generales a nivel nacional es de 35%, con 10 mil 969 camas ocupadas, y 20 mil 547 disponibles. Las camas con ventilador reportan una tasa de ocupación nacional de 30%, con 3 mil 191 ocupadas, y 7 mil 433 disponibles. *** Ya se había anticipado en este mismo espacio: Marco Antonio Lezama Moo y Roberto Dorantes Romero tendrán que ser reinstalados en sus cargos de magistrados tras ser retirados de forma anticipada por cumplir 70 años de edad. *** El Juzgado Décimo Octavo de Distrito con sede en Veracruz envió al Congreso del Estado un oficio, en el que emplaza a los legisladores a que “rectifiquen los errores” en la destitución de Lezama Moo y Dorantes Romero como Magistrados del Tribunal Superior de Justicia. *** El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Juan Javier Gómez Cazarín, ya había anunciado que el Congreso agotaría todas las instancias para aplicar el retiro forzoso, pero que en caso de que las sentencias no los favorecieran, acatarían la reinstalación de los magistrados.
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