Los expresidentes, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, –sin escapatoria de que irán a prisión,  y serán castigados por la comisión u omisión de los delitos cometidos durante su gestión–, y a nada  conducirá que, de manera baladí y pueril, se venga discutiendo si existe o no la prescripción de los mismos y menos ahora en que, a un paso se está, de que el Senado de la República ratifique la competencia porque la que se autoriza a la Organización de las Naciones Unidas para que se investiguen los crímenes por desaparición forzada y, el primer candidato para el caso, es Felipe Calderón, que convirtió al país en un cementerio nacional o las órdenes de Peña Nieto sobre los cientos de ultimados en su sexenio.

En tanto en la corte internacional penal –estatuto de Roma– ya existe una denuncia contra Calderón,  por delitos de lesa humanidad, no es remoto que en el caso de Peña Nieto no se tenga que recurrir allá, porque, si existe una fiscalía independiente y autónoma y unos tribunales jurisdiccionales que se quieren comportarse con responsabilidad y profesionalismo en el ejercicio de sus funciones –el caso de Ayotzinapan, con la resolución del Tribunal Colegiado de Tamaulipas, es un caso elocuente– el país dejará de ser el estado sancionado por las Cortes Internacionales, como ha venido sucediendo, y al final se verá de lo que somos capaces por si mismos, para ajustar los ordenamientos jurídicos internos, de manera que se termine la corrupción e impunidad.

En el año 2006, se adoptó, por la ONU, –durante la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas– , el primer instrumento internacional que contempla, de manera integral, la atención a las víctimas para que sean indemnizadas en las diversas modalidades, llegando a castigarse a quienes, después de la investigación a fondo se les finquen las  responsabilidades a que han hecho acreedores, cuyas consecuencias se irán reflejando, porque el caso de Collado, o de Duarte –Chihuahua, en que se involucra a Salina de Gortari– no se quedarán en lo mediático y menos con Lozaya y la cauda de bandidos involucrados en el “Estafa Maestra” de  Rosario Robles, que se resiste a confesar su responsabilidad y las miles de personas involucradas que, entre todas, saquearon a la nación con cerca de 14 mil millones de pesos.

Este instrumento internacional, que México adopto desde el 23 de diciembre del 2010, estuvo congelado –Calderón y Peña Nieto– y además, se mantuvo la reserva del artículo 31 para su aplicación en el régimen interior, lo que hoy tendrá que retirarse, luego de su ratificación, con lo que se abre el  camino  para que se realicen las  investigaciones  que  lleve a los culpables a responder por sus actos, pues el Estado tiene la obligación de proteger a la sociedad en su conjunto, plena seguridad, con lo que se podrá restituir a las victimas en sus derechos, con satisfacción y las garantías de no repetición, así como la indemnización rápida, justa y adecuada de las personas afectadas y el castigo a los responsables.

El país ha vivido momento terribles con la grande y alta corrupción, conflicto de intereses, nepotismo, negación en el acceso a la justicia, argucias para obtener altos presupuestos, incremento de los rezagos con resoluciones de los tribuales para efectos, ello para acumular rezagos y justificar el derroche en los organismos de impartición de justicia, como se demuestra con la serie de condenas que la corte interamericana de derechos humanos y la organización de las Naciones Unidas ha dictado contra el estado mexicano, ahí están los casos emblemáticos de Radilla, Algodoneros, Castañeda, y sobre todo el de Lydia Cacho que la ONU resolvió, cuando la justicia mexicana le negó y  de manera por demás descarada, la justicia interna y con argucia, digna de un estado huizachero, se pretendió obstaculizar, dizque porque no había agotado con todos los recursos internos, sin embargo, supliendo esa deficiencia –lo que es histórico de la ONU– de manera tajante dijo “ante lo evite de la agresión contra la periodista y escritora, no era necesario esa observancia”, y condenó, a bote pronto al Estado Mexicano y así se detuvieron a la medianía que  intervino en su contra, existiendo orden de aprehensión contra el Gober precioso de puebla y  el rey de la mezclilla, que está refugiado en Líbano.

Sin embargo, esto que estamos viendo, puede considerarse, apenas como el comienzo de lo que está por venir, al existir ahora un gobierno responsable y serio; se tendrá que llegar a fondo de la corrupción, empezando, sí , como se ha dicho de  “arriba para bajo”, pero el bandidaje existe aún, luego entonces, los gobernadores y presidentes municipales, organismos autónomos constitucionales, mantienen su espíritu de saqueo y robo, en consecuencia, tendrá que agudizarse esa lucha hasta extirpar la podredumbre, que si buen es “cultural” como lo afirma Peña Nieto, ahora tendrá que vivirse en la austeridad republicana y el presupuesto tendrá que distribuirse abajo, entre los pobres y dejar atrás las atrocidades de Zedillo, con el Fobaproa, o bien con las concesiones y contratos criminales contra la nación de Salinas, Fox, Calderón y Peña.

El autor es Licenciado en Derecho y fue Magistrado del TSA 

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