Al final  se han quitado la máscara y el complot que en el anonimato se había formado por el ex presidente Vicente Fox y Felipe Calderón, con Acción Nacional, -aliados también de los partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano- emprenderán en breve, o ya empezó, una campaña en contra de la cuarta transformación y por mismo, hay que destrozarla o desbarrancarla, en síntesis, dice Fox “partirle la madre” y que no  triunfe el propósito de terminar, para siempre, con la corrupción e impunidad.

El objetivo del presidente López Obrador es claro y persistente, de no bajar la guardia en contra de esa lacra que ha hundido al país en un auténtico desastre social, con una inseguridad, digna de atender como prioridad, sin embargo, lo obstáculos por librarlos no son fáciles y solo el arrojo de una sociedad responsable de su libertad, que no debe actuar con miedo, por el contrario, responder en la misma forma que lo hizo el 1º de julio del 2018 para destronar a los  culpables de lo que hoy vive la nación.

Las recientes reformas a las leyes, para considerar como delito del crimen organizado la creación de las empresas fantasmas, prendió los focos de la corrupción e impunidad, pues al estar inmersos en esos menesteres, es obvio, que pende sobre sus cabezas  las sanciones severas que un país debe platicar contra quienes atentan con esos medios criminales y solo así se puede combatir el grave fenómeno de la defraudación fiscal que por tiempo inmemorial se ha practicado.

El pretexto de que se afectaría a empresarios cumplidos, es una artimaña muy manida, pues se ha demostrado en fechas recientes, cómo la mayoría -por no decir la totalidad de los gobiernos de los Estados-, han desviado recursos públicos, propiciando y alentando esa forma de defraudación fiscal, involucrando, incluso, a muchas universidades públicas y, lo peor aún, es la condonación de impuestos o bien la compensación universal que alienta la corrupción y su correlato: la impunidad.

Para terminar de tajo con esas perversidades ominosas, se requiere de una ley, tiene que ser general, de ninguna manera etiquetada a un determinado empresario, sin embargo, es prudente  observar  y- la experiencia  lo demuestra,- que muchos de los factureros están muy lampareados, de ahí que se  tiene que actuar con rigor, sin contemplación alguna, habida cuenta que esa práctica no es reciente, y de ninguna manera puede ser el cuento manido de que eso inhibiría la actividad económica, porque es sabido, que quien es bandido y lo ha sido siempre, si tiene ética, nada tiene que temer.

Aún con el argumento de que los evasores son una minoría y que no debería existir una ley tan draconiana, lleva a pensar que no se quiere atacar de fondo el problema  sino mirarlo  por la epidermis para que las cosas sigan igual y  bien, que los contadores que están a su servicio sigan haciendo su agosto, pues como afirmaba el gobernador Fernando López Arias, los contadores son tan “vivillos” que desaparecen, en un santiamén a un elefante sin dar huella, por lo mismo, el que nada debe, nada debe temer, menos  ahora que existe una ley Federal para prevenir e identificar bienes de procedencia ilícita, que da margen a la extinción de domino de los mismos, en beneficio del Estado, de lo que pocos podrán salvarse si se aplica de manera estricta.

Simular,  que con las impugnaciones que se  presentarán ante la Suprema corte de Justicia es para proteger los derechos ciudadanos, en el caso concreto podría pensarse a los pequeños empresarios, nada es más falso con  esa posición, cuando el propósito del Estado es evitar la evasión fiscal y distribuir los beneficios en la sociedad y al  presumir que ya obtuvieron un triunfo al detener la  ley federal de remuneraciones, habla de su más descarada complicidad con una burocracia dorada y de  clara injusticia, pues en tanto la sociedad, en conjunto, vive con tres o cuatro salarios mínimos, los funcionarios públicos perciben sueldos de más de setecientos mil pesos y miles de privilegios.

Mucho honraría a los impugnantes senadores de los partidos de oposición, si en lugar de atacar esa ley federal de remuneraciones de los servidores públicos, hubieran iniciado juicio político contra el ministro Pérez Dayan que, de manera flagrante violó el artículo 64 de la ley reglamentaria del artículo 105  constitucional, que se refiere a las controversias y acciones de constitucionalidad, que expresamente prohíbe que se conceda la suspensión de una ley, y más en el caso en que, la Suprema Corte de Justicia, debió de excusarse por  tener interés personal en la vigencia de ese ordenamiento.

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