“Hoy en México la libertad de expresión está bajo asedio y que con ello está amenazada la democracia”, expresaron 650 ciudadanos mexicanos que se han destacado por su desempeño profesional como intelectuales, científicos, escritores y periodistas.
En un desplegado difundido la semana pasada, los firmantes del documento acusan que el Presidente Andrés Manuel López Obrador utiliza “un discurso permanente de estigmatización y difamación contra los que él llama sus adversarios” y que con ello “agravia a la sociedad, degrada el lenguaje público y rebaja la tribuna presidencial de la que debería emanar un discurso tolerante”.
La propia Iglesia Católica se ha sumado a este reclamo. En su comunicado dominical, la Arquidiócesis de Xalapa apunta:
“Observamos con preocupación que la libertad de expresión, junto con otras libertades, se están poniendo en riesgo (…) Se observa un acoso permanente, descalificación y hasta intimidación hacia quien piensa o actúa diferente. Es lamentable y reprobamos abiertamente que a través de un discurso repetitivo se quieran apagar las voces disidentes como si se quisiera imponer un pensamiento único. Eso resulta muy peligroso porque atenta contra uno de los derechos fundamentales de toda persona y contra una de las características de la democracia moderna”.
La respuesta del Presidente al desplegado fue casi inmediata. La mañana del viernes, sin que mediara pregunta al respecto, López Obrador se refirió a ese tema:
“Ayer los intelectuales orgánicos sacaron otro desplegado hablando de que se afecta la libertad de expresión. No sé cómo les afecta, si sacan un desplegado quienes guardaron silencio cómplice durante las atrocidades del periodo neoliberal y sale el desplegado en todos los medios de información, no he revisado, pero seguramente en la radio, en la televisión, en todos los periódicos (...) Todo este grupo siempre apoyó la política neoliberal y ahora se sienten ofendidos cuando deberían de ofrecer disculpas, porque se quedaron callados cuando se saqueó al país”.
Y justo cuando el Presidente insistía en que durante su gobierno se respeta la libre manifestación de las ideas, este fin de semana integrantes del Frente Nacional Anti AMLO (Frenaaa) que marchaban por las principales calles de la Ciudad de México para expresar su rechazo al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, fueron interceptados por elementos de la policía capitalina, que les impidió acceder al Zócalo, por lo que decidieron plantarse y armar sus casas de campaña en la avenida Benito Juárez.
Llama la atención, sin embargo, que justo en ese contexto un destacado militante de Morena y aspirante a dirigir el comité nacional de ese partido, Alejandro Rojas Díaz Durán haya presentado una denuncia penal -en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y Contra la Libertad de Expresión- en contra del secretario de Gobierno de Veracruz, Éric Cisneros Burgos debido a las amenazas expresadas por este servidor público en contra de la directora del periódico “El Dictamen”, Bertha Ahued Malpica.
Y resulta interesante esta medida, toda vez que la propia agraviada no ha presentado su propia denuncia en el ámbito jurídico.
Sus razones tendrá la directora de “El Dictamen” para no proceder penalmente contra quienes han orquestado acciones ilegales hacia ese medio de comunicación y sus directivos, y limitar la denuncia al ámbito mediático, pero en el caso del militante de Morena su acción suena más a una intención de aprovechar la coyuntura y promover su imagen en busca de la dirigencia nacional de ese partido.
“No se alimenta el rencor desde esa tribuna, sin que el odio llegue al río alguna vez”, advirtieron los intelectiales que se sumaron para exigir respeto a la libertad de expresión.
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Epílogo.
El militante de Morena Gonzalo Vicencio Flores, insiste en ostentarse como “secretario general con funciones de presidente” del comité estatal de su partido, cuando ya el propio Comité Nacional dejó en claro desde el 28 de mayo del presente año, que Hugo Alberto Martínez Lino fue designado delegado y encargado del comité directivo estatal de Morena en forma interina. *** Gonzalo Vicencio Flores volvió a salir a los medios de comunicación para acusar al gobierno estatal de entrometerse en el proceso interno de ese organismo político, pero parte de una falsa postura, al presumir un cargo que no posee. *** En Cosamaloapan, este domingo, el dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez Marín, hizo un enérgico llamado a los gobiernos Federal y Estatal para que “devuelvan a las niñas y niños, la tranquilidad y la seguridad de que sus familias tendrán acceso a servicios de salud, y el recurso económico para cubrir sus necesidades básicas”. *** Durante su gira de trabajo para tomar protesta a las dirigencias de Comités Municipales de la cuenca del Papaloapan, el dirigente partidista calificó como “injusto” que ahora los niños mantengan la preocupación de que sus padres se contagien del Covid-19 y pierdan la vida, o que pierdan su trabajo y no puedan costear medicinas o sus necesidades alimentarias. *** “Los niños se tendrían que preocupar por ser felices, por jugar. La principal inquietud de los niños era ir a la escuela. Hoy su ansiedad es una realidad generada por la indolencia, displicencia, arrogancia y soberbia de este gobierno”, acusó.
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