Aún no terminaba 2016, cuando ya se anunciaban las sorpresas que nos traería el nuevo año, destacadamente el aumento del 20% al precio de la gasolina. El primero de enero, cuando despertamos, literalmente, el dinosaurio todavía estaba allí: ese dinosaurio priista que mintió descaradamente para alcanzar la presidencia y después le asestó a la población mexicana un rudo golpe, más letal entre menos recursos se tienen.

            Ocurrió entonces, como dijera Rigoberta Menchú, que así nos nació la conciencia. Lo que no han podido lograr las miles de desapariciones, levantones, secuestros, feminicidios, violencia del crimen organizado y del desorganizado, aparentemente lo estaba haciendo el gasolinazo: crear conciencia política y ciudadana que se expresaba de una manera amenazadora para toda la sociedad: bloqueos y saqueos. El pequeño día de ira parecía por fin haberse convertido en uno grande; sin embargo, la información de los medios formales y la que se comparte entre particulares por las redes sociales, rápidamente llevaron a dudar de lo genuino y ciudadano de la protesta. Saqueos sincronizados al interior de cada estado de la República, acciones similares extendidas por todo el país con una rapidez y organización que no muestran los movimientos sociales, inacción sospechosa de los cuerpos de seguridad y mensajes reiterados que aconsejaban no salir y resguardar las casas llevaron a formular hipótesis –seguramente muy cercanas a la realidad– sobre acciones orquestadas desde grupos de poder con la finalidad de contener una verdadera protesta ciudadana.

            Después de que corrieron profusamente tales versiones por la redes sociales, memes de burla al gobierno por intentar promover el miedo y la inmovilización, distribución de entrevistas a investigadores sociales sobre estos fenómenos de desestabilización, de las guerras psicológicas y campañas de desinformación que no son prácticas nuevas, se diluyó la “protesta social” de los saqueos.

Esas prácticas son viejas y fueron muy utilizadas por los gobiernos priistas en las décadas de los 70 y 80 para acallar verdaderas protestas, para intimidar al activismo social y para manipular a la sociedad. También se orquestaron, con propósitos similares, grandes campañas de este corte desde Estados Unidos para prevenir la llegada de gobiernos democráticos o de gobernantes no dóciles con las políticas e intereses estadounidenses o eliminarlos en caso de haber alcanzado el poder.

Claro que estas estrategias funcionaban cuando se vivía en un mundo donde los medios informativos estaban controlados casi en su totalidad, cuando la interacción entre ciudadanos era nula o se reducía a grupos de acción política que eran estrechamente vigilados y asediados. Ponerlas en práctica treinta o cuarenta años después, cuando la comunicación horizontal a través de las redes sociales ha ganado tanto terreno no se sabe si es triste o insultante. Si los asesores de comunicación del presidente Peña Nieto no le ofrecen información puntual de los resultados mediáticos que tuvieron las acciones vandálicas posteriores al gasolinazo, aun en el caso de que no fuesen puestas en marcha por el gobierno federal, lo despoja de la oportunidad de instrumentar un verdadero control de crisis, pues la irritación ciudadana ahora tiene varios motivos. Digamos que, ahora sí, ofendidos y humillados: al golpe que sufrirán los bolsillos de los trabajadores, no sólo por el aumento de la gasolina sino por sus repercusiones en los precios de bienes y servicios asociados a él y los incrementos que los vivales harán aprovechando el río revuelto, se suman las justificaciones ofrecidas por el Presidente y la burda estrategia para sortear el descontento por el alza, pues los usuarios de redes sociales, y con ello buena parte de la ciudadanía, están convencidos que provino del gobierno.

Le sobra razón al columnista Alejandro Hope, en su colaboración para el New York Times (“México en el invierno del descontento”), cuando dice que no se trata del mensaje sino del mensajero. Esto es, que puede haber razones válidas para el incremento del precio de la gasolina, pero cualquier argumento pierde legitimidad proviniendo del representante de una clase política que se da vida de faraón mientras el único que paga los platos rotos es el ciudadano de a pie.

En su columna de la semana, Denise Dresser habla de la indignación que causan las enormes desigualdades donde “algunos son totalmente exprimidos y otros siguen siendo ‘Totalmente Palacio’”. Yo agregaría que mientras la clase política es “Totalmente Palacio”, la mayoría de la población no puede siquiera aspirar a ser parcialmente Wal Mart.