Y como la democracia es más cara que la gasolina Premium en tiempos de Peña Nieto, justo sería hacer un alto para revisar la conveniencia de celebrar un evento que nos cuesta más de mil millones de pesos, dinero que sirve para enquistar a nuestros verdugos y no para que resuelvan los problemas que aquejan a la ciudadanía.
La idea para los que se sienten iluminados y sabios en este tema, será una mafufada, pero para el grueso de la población puede ser una medida acertada en virtud de que el dinero previsto para ese efecto, se podría aplicar en temas de salud, educación y en la generación de empleos.
Hay una endeble base legal para fundar y motivar como si de una sentencia se tratara, para detener la organización de las elecciones municipales, al advertir que el código electoral en su artículo dieciocho primer párrafo señala que “En las elecciones ordinarias, el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano podrá, por causa justificada o de fuerza mayor, ampliar y adecuar los plazos que señala este Código. El acuerdo correspondiente deberá publicarse en la Gaceta Oficial del Estado, para que surta sus efectos.”
¿Qué sucedería si el OPLE propone adecuar los plazos y realiza las elecciones municipales hasta el año 2018? ¿Violentaría algún principio legal? ¿La falta de dinero, no será suficiente para tomar medidas drásticas? Todo ello acompañado de acuerdos políticos y voluntad de quienes se pueden sentir agraviados, que en la especie no existe, toda vez que solo se aplazaría unos meses para homologarlo a una fecha nacional de elecciones, en la que de todas formas se va a requerir realizar un gasto casi similar a lo ya acordado.
Piénsenlo, medítenlo, consúltenlo y si lo consideran denle una satisfacción al pueblo entregándole el dineral que se va a gastar en estas elecciones municipales, resolviendo las demandas más sentidas ocasionadas por las políticas erróneas que se le han aplicado en estos últimos sexenios en la entidad veracruzana.
adidas.johan62@gmail.com Lic. Inocencio Martínez Cortes |
