Luego de que los transportistas del Puerto de Veracruz se "engallaran" este jueves suspendiendo el servicio —dejando a la población literalmente a la buena de Dios—, el Gobierno del Estado se puso las pilas y dio un golpe de autoridad. La gobernadora Rocío Nahle, con esa determinación ejecutiva que la distingue, se movió rápido y resolvió el conflicto de tajo.
Los transportistas, que empezaron el día muy valientes, terminaron la jornada más dóciles que un infiel recién perdonado. Al finalizar la reunión con los representantes estatales, el vocero del sector, Alfonso Enríquez Boussart, tuvo que recular y aceptar la realidad: declararon que respetarán la tarifa que autorice el Gobierno, reconociendo que ellos no son autoridad y que seguirán trabajando con el precio pactado hasta ahora.
Para poner los puntos sobre las íes, la Gobernadora aclaró esta mañana en entrevista que no habrá aumento al transporte público en la zona conurbada Veracruz–Boca del Río, por lo que la tarifa se mantiene firme en 9 pesos. Cabe destacar que el único ajuste autorizado a 12 pesos fue para la ciudad de Xalapa.
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Respecto a los camiones "Ulúa", estos pasarán a operar directamente bajo el mando del Estado, funcionando de forma paralela a los concesionarios. Incluso, ya está abierta la convocatoria para contratar y capacitar a nuevos conductores. Por ahora, y para no afectar más el bolsillo de los usuarios, el servicio del Ulúa será gratuito de manera temporal.
Finalmente, el mensaje fue claro y contundente: la movilidad es un servicio público con sentido social, no un simple negocio para enriquecer a unos cuantos. Por ello, se anunció que cualquier conductor con reportes de maltrato o prepotencia será cesado de forma permanente. Ah, y un detalle importante: los concesionarios devolvieron las unidades Ulúa de forma voluntaria; aquí no hubo decomisos, solo el peso de la ley y la razón. |
