Quizá en su afán de emular expresiones y posturas de su guía político, de su jefe, esta semana el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez se metió en un sendero peligroso.
El mandatario veracruzano anunció que “se investigará a jueces que liberen a delincuentes sin el debido proceso”.
¿Quién los investigará?
¿Por qué sólo a jueces, y no también a fiscales?
¿Por Verónica Hernández sí mete las manos al fuego, pero no por Sofía Martínez?
El debate es tan viejo como la justicia misma: Los que hoy son fiscales y antes se les conocía como agentes del Ministerio Público, acusan a los jueces de dejar en libertad a los delincuentes que ellos ponen a su disposición. Los jueces, por su parte, aseguran que la liberación de los indiciados obedece a la mala integración, por parte de los fiscales, de las carpetas de investigación.
¿Por qué asume el gobernador que la liberación de “delincuentes” (categoría que no deberían aplicarles en tanto que no haya sentencia en firme) es culpa de los jueces?
¿Estará enterado el gobernador –que es ingeniero, no abogado- que el Poder Judicial, en su autonomía, cuenta con los instrumentos para vigilar, investigar y, en su caso, proceder en contra de jueces y magistrados que incurran en faltas como esa de “liberar a delincuentes sin el debido proceso”?
Y a todo esto: ¿Qué opina la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Sofía Martínez Huerta?
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