Es válido. La pena privativa de la libertad que está cumpliendo no le impide (él asegura que lo hace a través de “terceros” que están fuera de prisión) expresarse sobre lo que sucede en el mundo, pues asume que conoce de los temas que habla y habrá a quienes les importe lo que él piensa.
No siempre -sin embargo- lo que opina Javier Duarte tiene alguna relevancia, pues en muchas ocasiones se percibe en sus mensajes una creciente necesidad de comunicarse y evadir de esa manera los efectos de un encierro tan prolongado.
Apenas el año pasado, desde prisión, Javier Duarte se dedicó a promover la campaña de la hoy gobernadora Rocío Nahle, lo que muchos interpretaron como el producto de alguna negociación para ganarse la “voluntad política” que se requiere para obtener su libertad.
Como bien lo hace notar en su más reciente publicación en “X”, Javier Duarte purga una condena de 9 años en prisión, emitida por un juez a partir del acuerdo al que llegó por lo que se conoce como “procedimiento abreviado”, en el que reconoció su culpabilidad en los delitos de “operaciones con recursos de procedencia ilícita” y “asociación delictuosa”.
Le pudo haber ido peor. Inicialmente la PGR (hoy FGR) pretendía imputarle delitos más graves, como “lavado de dinero” y “delincuencia organizada”, lo que le habría significado muchos más años de prisión.
El propio Javier Duarte ha dicho en reiteradas ocasiones -y lo volvió a mencionar en su más reciente mensaje- que él aceptó admitir su culpabilidad “debido a las amenazas que el Estado mexicano hizo en contra de mi familia de no acceder a la condena”.
Conociendo a nuestras autoridades (de las que, en algún momento, formó parte el propio Duarte) no es descabellado que eso hubiera sucedido, pero lo cierto es que el exgobernador no tiene forma de demostrarlo.
Javier Duarte retomó el tema de su situación jurídica a partir de que se reactivaron procesos que inició la Fiscalía General de la República (FGR) contra varios de los que fueron sus colaboradores, a partir de que quien fuera su Tesorero Antonio Tarek Abdalá, fuera utilizado como “testigo protegido” para declarar en contra de ellos.
Sobre ese personaje, Javier Duarte externó también una opinión en fechas recientes:
“Los cobardes son capaces de hacer o decir cualquier estupidez aunque traicionen los principios éticos y morales más elementales a cambio de salvar su pellejo, los Yunes son un claro ejemplo de esto, otro es Tarek Abdalá quien gracias y únicamente a sus dichos (imposibles de comprobar su veracidad ya que no existe un sólo documento o dato de prueba que respalde sus acusaciones) es testigo protegido de la FGR y, por lo tanto, las autoridades judiciales y algunos medios de comunicación toman su palabra como una verdad absoluta, gozando además de total impunidad a pesar de haber confesado su participación en la comisión de delitos en los que por ley él es el único responsable”.
El problema es que, al pretender justificar la actuación de los servidores públicos que trabajaron durante su administración, Javier Duarte erró el camino y pretendió exonerarlos a partir de una falsa premisa.
“La inmensa mayoría de los millones de pesos de recursos federales que acusan a mis funcionarios de haber desviado no es porque los hayan sustraído del erario público, simplemente es porque fueron utilizados para otros fines públicos, que entiendo eran prioridad para el buen funcionamiento de la administración pública estatal, y que eran distintos de lo que estaban etiquetados, como lo fueron el pago de la nómina magisterial, el pago en materia de seguridad pública o el pago del subsidio a las pensiones de los trabajadores jubilados, entre otros muchos conceptos públicos, por lo que personalmente considero que esto en ningún caso debería tomarse como un robo al erario público”, escribió.
En principio, esos actos por los que están siendo enjuiciados sus excolaboradores si están considerados como ilícitos en el Código Penal Federal, en su artículo 217, fracción III: “El servidor público que, teniendo a su cargo fondos públicos, les dé una aplicación distinta de aquella a que estuvieren destinados o haga un pago ilegal”.
Además, hay que tomar en cuenta que su gobierno, cada mes de diciembre, sometió a la aprobación del Poder Legislativo local un Presupuesto de Egresos, en el que estaban considerados y detallados, los recursos para “el pago de la nómina magisterial, el pago en materia de seguridad pública o el pago del subsidio a las pensiones de los trabajadores jubilados, entre otros muchos conceptos públicos”.
¿Por qué habría, entonces, de tomar recursos que estaban destinados a otros rubros?
Los delitos están ahí. Falta que la Fiscalía sea capaz de comprobarlos, respetando el debido proceso.
filivargas@gmail.com
(DE LA COLUMNA "PUNTO DE VISTA")
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