Cual vulgares montoneros o delincuentes, de algunas de los cárteles que se crearon bajo los gobiernos de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y el de la Revolución Democrática, hoy se descubren en su exacta dimensión sus dirigentes, pues para seguir saqueando a la nación se requiere que la corrupción y la impunidad sigan prevaleciendo, y ante la proximidad de las elecciones intermedias para renovar como nunca en la historia 15 gubernaturas, ayuntamientos y la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la oportunidad se pinta calva, de otra manera serán sepultados.

Piensan los corruptos y corruptores de los regímenes de Miguel de la Madrid, Salinas, Zedillo, Calderón y Peña Nieto, que los más de 32 millones de ciudadanos que votaron por Andrés López Obrador para presidente de la Republica ya se olvidaron, en escasos dos años, que se han descubierto los miles de millones de pesos que se robaban todos los días los zánganos de la administración pública y que ahora se reparten entre más de 8 millones de adultos mayores, de cientos o miles de becarios, de madres solteras, de guarderías, y sobre todo en la construcción de hospitales y medicinas gratuitas en beneficio de millones de mexicanos, y que los organismos autónomos, los fideicomisos y tropelías que se constituyeron para robar y saquear se niegan a observar lo que ha dispuesto la constitución en su artículo 127 –reforma del 2009–, de que nadie puede percibir más sueldo que el que devenga el Presidente de la República, lo que no se acata, entre otras razones, porque el ministro Pérez Dayan concedió una suspensión provisional para que la ley de austeridad republicana y la reglamentación de las percepciones de los servidores públicos no entren en funciones.

La magnitud de la corrupción e impunidad que prevaleció en el reciente gobierno de Peña Nieto –aunado a lo que viene del pasado– tiene en prisión a varios gobernadores de los estados de Veracruz, Chihuahua, Michoacán, Quintana Roo, Tamaulipas, etcétera, y cientos de servidores públicos de la Ciudad de México, además de jefes policiacos aliados al narcotráfico, a la trata de personas, enriquecimiento inexplicable, ejercicio indebido de funciones; por eso es de la mayor importancia la consulta que se hará en agosto del 2021 y que la pregunta no solo incluya a los ex presidentes que enajenaron el patrimonio nacional, de manera criminal sino a todos los involucrados, por lo que a la Fiscalía General de la República y los jueces –que sean honestos– no les alcanzará el tiempo para integrar las carpetas de investigación y las cárceles tendrán que habilitarse para guardar a tantos bandidos que están agazapados y que pronto estarán al descubierto y a buen resguardo.

Si en la elección del primer domingo de junio del 2021, como se está viendo, cuajan los hechos, es decir, si reciben más de 30 millones de votos, se probará que la delincuencia organizada en los partidos políticos –que siempre presumieron de ser irreconciliables– fue una farsa, y que la crisis de miseria y pobreza que siempre ha existido se verá acumulada, y que los enemigos de México, moralmente derrotados en la elección del 2018, retornarán con mayores bríos de voracidad para consumar la obra, esto es, privatizar la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, el aeropuerto de la Ciudad de México, el tren Maya, la educación pública, el Seguro Social, el Issste y todo aquello que tienda al bienestar social, para que prevalezca el más fuerte sobre el miserable, en síntesis, que México regrese al añorado porfiriato para amarrar a los perros con longaniza, que se industrializará con la carne de los miserables.

Está probado en los hechos, por demás elocuentes, que el respeto a los derechos humanos fue una engañifa del sistema prevaleciente, y tan es así que la ONU y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha condenado al Estado mexicano con cientos de sentencias que están en vía de cumplimiento y otras en vías de resolución, probando la ineficacia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación –lo que nunca dijeron en la prensa de entonces–, cuyos ministros se preocuparon más por percibir sus sueldos –que no tiene ningún juez del mundo– de 700 mil pesos mensuales, además, 30 mil pesos de gasolinas y 40 mil de alimentos –que en observar esos derechos, sin embargo, nunca se vio que se fincara y aún no se ve que se proceda contra ellos, por el contrario, continúan prevaricando con la justicia y aunque están en ciernes reformas a modo–, hecha excepción del ex ministro Medina Mora, que se vio obligado a renunciar, estamos lejos de poder afirmar que se acabó el influyentísimo o el amiguismo.

Ahora bien, desde hoy se puede augurar que el año venidero rodarán cabezas dentro de los partidos coaligados y la derrota estrepitosa se verá porque ahora sí funcionará la democracia, ya no podrá ser una farsa como en el pasado, tomando en cuenta que el fraude electoral es delito grave y todo acto u omisión será severamente castigado, sobre todo, el uso de recursos económicos de procedencia ilícita y se agotará el maíz y el frijol con gorgojo.

limacobos@hotmail.com

Twitter:@limacobos1