En el debate cotidiano sobre los términos que habrán de imperar en la, por decir lo menos, “extraña” alianza electoral del PRI, PAN y PRD, se suele pasar por alto que cada una de esas organizaciones políticas debe resolver, por su cuenta y de manera interna, los candados que sus propios reglamentos establecen para la selección de candidatos.
En algunos casos los procedimientos son sencillos: basta que una asamblea le otorgue facultades a su órgano colegiado para tomar decisiones. Hay otros, sin embargo, en los que se requiere de todo un procedimiento, en el que se somete a votación la propuesta del partido y más adelante se define si conviene a los intereses de ese órgano político darle preferencia a la propuesta aliancista.
Acaso el escenario más complicado sea el del Partido Acción Nacional (PAN), el partido de la alianza opositora que está mejor posicionado y, por lo tanto, el que más candidaturas obtendrá en el reparto, pero que debe someter a la voluntad de sus militantes, la identidad de sus candidatos.
Para nadie es un secreto que en Veracruz el panismo se encuentra marcadamente dividido, entre los que simpatizan con la propuesta política de la familia Yunes (la de Boca del Río, aunque juren que viven en el puerto de Veracruz) y la que representa el dirigente estatal de ese partido, Joaquín Guzmán Avilés, quien aglomera a varias corrientes, con presencia en toda la entidad y que le representa la posibilidad de imponer al mayor número de candidatos.
El nudo está, sin embargo, en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, reducto del que pretenden los Yunes mantener el control, pero que en esta ocasión ven en riesgo su hegemonía, por la labor que han realizado en los meses recientes el senador Julen Rementería y su hijo, el diputado local Bingen.
Los Yunes se confiaron en que durante años mantuvieron la mayoría de la militancia a su favor, pero de pronto vieron cómo los Rementería operaron de forma intensiva para incorporar a nuevos militantes comprometidos con su propuesta.
Los Yunes alegaron que esos “neo-panistas” no deberían participar en la consulta interna, pero los Rementería insistieron en que estaban en su derecho y deberían ser considerados.
El pasado 5 de enero fue publicada la convocatoria para elegir candidaturas para ediles y diputaciones del PAN, en el Estado de Veracruz. La fecha señalada para celebrar jornadas internas de candidaturas es el 14 de febrero de 2021, por lo que, previendo tal situación, cientos de militantes acudieron al Tribunal Electoral para promover un juicio de protección a sus derechos políticos, con la finalidad de que la convocatoria no los excluyera de la posibilidad de votar para elegir a sus candidatos.
El debate se llevó hasta el Tribunal Electoral de Veracruz, que instruyó al Partido Acción Nacional “incluir en el listado nominal de militantes a los nuevos militantes, con la finalidad de que estos puedan participar en el próximo proceso interno de selección de candidaturas para ediles en el Municipio de Veracruz, con motivo del Proceso Electoral Local 2020-2021, en el Estado de Veracruz”.
Esta medida no puede ser impugnada salvo por algún militante que pretenda obtener el reconocimiento del mismo derecho.
Con la incorporación de estos nuevos militantes, la gran mayoría de ellos impulsados por la familia Rementería, los Yunes estarían perdiendo su hegemonía y, por lo tanto, la posibilidad de imponer a algún miembro de la familia en la contienda electoral que se avecina.
Los Yunes, por supuesto, no se van a quedar cruzados de brazos. Este drama tiene para muchos capítulos más.
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Epílogo.
Un equipo de abogados del más alto nivel trabaja ya en la denuncia que habrán de presentar la próxima semana en contra del consejero de la Judicatura de Veracruz, Humberto Oliverio Hernández Reducindo, por el delito de “omisión” en su carácter de servidor público. *** A los pocos días de haberse integrado al Consejo de la Judicatura, con la representación del Poder Legislativo, Hernández Reducindo dijo haber encontrado numerosos irregularidades “probablemente constitutivas de delito”. La ley es muy clara en esa tema y advierte que aquel servidor público que conozca sobre la comisión de un delito y no lo denuncie, incurre en omisión y, por lo tanto, es acreedor a las sanciones que establece el Codigo Penal. *** La alcaldesa de Juchique de Ferrer, Lizbeth Portilla Gumecindo, está metida en un verdadero lío. Resulta que ha ignorado mandatos judiciales para cubrir los honorarios de agentes y subagentes municipales. *** El incumplimiento de una sentencia es motivo de sanciones de carácter penal, y en los próximos días podríamos estar viendo un nuevo caso de desafuero de una autoridad municipal, para que esté en condiciones de responder ante la Justicia. Todo por sentirse “intocable”. *** La Secretaría de Salud informó este jueves que ya son 131 mil 031 las personas fallecidas por el nuevo coronavirus en México. Además, los casos confirmados de contagio ascendieron a un millón 493 mil 569. Los casos activos estimados de Covid-19 aumentaron a 81 mil 652.
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