Los engañaron. Les hicieron creer que todo aquello que decidieran, con la contundente mayoría que tenían en el Congreso, se convertiría en Ley.
“Son los dueños del Estado, en sus manos levantadas está el futuro de Veracruz”.
Cualquiera se emociona con eso.
Y lo mismo les pedían remover al Fiscal, que imponer a su sustituto; lo mismo tenían que aprobar un presupuesto, que aprobar leyes aunque ni siquiera las hubieran leído antes.
Todo con el poder de su voto.
Nadie les explicó que el Estado se rige por una serie de normas, mecanismos jurídicos que se encargan, precisamente, de evitar que quienes gobiernan incurran en excesos y violenten el espíritu de las leyes y la vocación democrática de nuestro sistema político.
Este martes la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la Ley Número 248 de Comunicación Social para el Estado de Veracruz, publicada el 17 de mayo de 2019.
El argumento para tomar esta medida fue que, durante el respectivo proceso legislativo, se cometieron diversas violaciones de carácter invalidante.
En específico, la dispensa de trámites legislativos, sin constatar la votación calificada requerida, y la falta de motivación para acreditar la hipótesis de urgencia.
El tema llegó hasta la Suprema Corte debido a la Acción de inconstitucionalidad 61/2019, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), organismo que demandaba la invalidez de diversas disposiciones de dicha Ley.
Con argumentos muy parecidos fue invalidada la reforma electoral promovida por el gobierno de Morena y muchas otras decisiones del Congreso local. La conclusión es una sola: no cuidan las formas.
No pasemos por alto que sigue en tribunales el recurso jurídico contra la designación de Verónica Hernández como titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), precisamente porque se violentaron los procedimientos que establecen la Constitución de Veracruz y la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
El expediente ha ido escalando instancias a nivel federal y se prevé que caiga en la Suprema Corte, la que –utilizando los mismos criterios que ha aplicado en casos similares- declare la nulidad de la designación e invalide el nombramiento de la actual Fiscal.
Por cierto que la que fuera designada como titular de la FGE, Verónica Hernández, acaba de admitir que no fue capaz de cumplir con lo que dispone la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz, aprobada hace ya casi un año (30 de enero de 2020) de crear fiscalías especializadas contra el delito de feminicidio en los 212 municipios.
¿El argumento?
Que no tuvo recursos.
Está también en litigio la irregular remoción de la magistrada Sofía Martínez Huerta como Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, y el proceso penal iniciado contra Éric Cisneros, secretario de Gobierno, por delitos como amenazas, violencia de género y por violentar la autonomía del Poder Judicial.
Lo jurídico no ha sido, ni de chiste, la fortaleza de la llamada “Cuarta Transformación” en Veracruz.
Las consecuencias ya se están viendo… y serán aún más graves.
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Epílogo.
Bien dicen que “honrar honra” y no queda mejor aplicada esa frase que con el homenaje que se le rinde a don Agustín Martínez Rivera. *** Se dio a conocer la creación de la Academia de Lucha Libre “El Soberano”, justo el nombre de batalla de Don Agustín cuando se dedicó a las contiendas en el encordado. *** La sede no podía ser otra: La Arena Xalapa, escenario que vio los mejores momentos de don Agustín Martínez. La iniciativa de esta Academia de Lucha Libre es de la hija de “El Soberano”, Silvia Martínez, quien contará con el respaldo, para impartir sus conocimientos, de “El Caballero Negro”, quien destacó que, además de rendir homenaje a Don Agustín, la finalidad de la Academia es “recuperar los valores que enmarcan esta disciplina, con base en el trabajo y el sacrificio, hasta lograr la preciada licencia profesional; se perdió el abecedario y lo vamos a recuperar”. *** Los entrenamientos se realizarán de lunes a viernes en diferentes sesiones; para principiantes de 5 a 6 de la tarde; intermedios de 6 a 7 y profesionales de 7 a 9 de la noche. *** La Comisión Estatal de Derechos Humanos determinó que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz violó los derechos humanos a la integridad personal, a la no discriminación y a la seguridad jurídica de nueve diputados locales. Los hechos que se sancionan son los que ocurrieron en el exterior de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado el 3 de septiembre de 2019, fecha en que la Legislatura dispuso la remoción del cargo a Jorge Winckler Ortiz y designó en su lugar, de manera interina, a Verónica Hernández Giadáns. *** La Recomendación 180/2020 advierte que los diputados locales María Josefina Gamboa Torales, Montserrat Ortega Ruíz, María Graciela Hernández Íñiguez, María de Jesús Martínez Díaz, Sergio Hernández Hernández, Rodrigo García Escalante, Omar Guillermo Miranda Romero, Juan Manuel Unanue Abascal y Bingen Rementería Molina (todos, en ese entonces, integrantes de la bancada panista) fueron víctimas de la actuación arbitraria de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. *** La CEDH recomienda investigar a los servidores públicos involucrados en las violaciones a derechos humanos ocurridas durante la toma de las instalaciones de la Fiscalía y que la SSP inicie una investigación interna, imparcial y exhaustiva, a efecto de determinar la responsabilidad de los elementos involucrados. *** No sé por qué, pero tengo la sensación de que la aún titular de la CEDH, Namiko Matzumoto, acaba de perder su ratificación en el cargo por un nuevo período. Ya saben, con eso de la intolerancia.
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