El pasado 3 de febrero la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó (parcialmente) la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), misma que fue publicada en mayo del año 2020 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) por la titular de la Secretaría de Energía (SENER), Rocío Nahle. Dicha política pretendía, además de fortalecer la planificación y calidad de los servicios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), limitar la competencia entre esta última y las generadoras de energía privadas, dándole más ventajas a la empresa estatal y menos oportunidades a las particulares.

El pretexto es el habitual de esta administración, «nosotros podemos y debemos encargarnos de todo», es decir, centralizar el control y el suministro de la energía eléctrica en manos del Estado con la excusa de que eso garantizaría el acceso de este recurso a todos los mexicanos, pero esto no es verdad. Y no lo digo yo, basta con revisar los contratos que existen en la actualidad de la CFE con empresas particulares para los servicios de energía, pues la Comisión compra el 70 por ciento de la energía a privadas, luego la revende al consumidor junto con los servicios de transmisión y distribución. Lo que significa que un solo ente, sea privado o público, no podría cumplir con la demanda de todo el país, es simplemente imposible.

Pero los datos duros y la evidencia científica suelen ser nada para el presidente López Obrador, por lo que esta misma semana envió una iniciativa para reformar la Ley de la Industria Eléctrica, básicamente para buscar tener éxito en aquello en lo que Nahle fracasó. Por lo anterior, podemos hablar de un capricho meramente ideológico en donde el mandatario nacional busca imponer su visión añeja de que el Estado todo lo puede y debe hacer, sin importar que ya se haya intentado en distintas épocas y en varios otros países y en los que el resultado siempre ha sido el mismo, no funciona.

Lo más probable es que la servil bancada de MORENA en la Cámara de Diputados apruebe dicha iniciativa, se apruebe en el DOF y vuelvan a llover amparos para echar abajo dicha reforma. Esperemos que la SCJN se mantenga firme en garantizar la (mediana) competencia que existe en el sector energético del país, pues citando a Víctor Ramírez Cabrera, vocero de la Plataforma México, Clima y Energía: «Lo más grave de estas medidas sucesivas es que parecen doblar la apuesta por inhibir las inversiones en el sector eléctrico en un escenario de recesión económica que exigiría utilizar todos los instrumentos para generar empleos remunerados y energía para desarrollo industrial», es decir, eliminar la competencia es quitar la posibilidad de: 1.- generar empleos, 2.- costos más bajos para el consumidor de la energía eléctrica y 3.- el mismo acceso a dicho recurso de manera más fácil y eficiente.

Cada vez se vuelve más recurrente la frase «nos vemos en tribunales» por parte de la sociedad civil, pues parece ser que el Poder Judicial se ha convertido en el auténtico tutor del Legislativo. En un gobierno que decía que «gobernar no tiene chiste», continúan los ensayos y errores que no pagan los gobernantes, sino los gobernados.

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