De frente a la jornada electoral del próximo 6 de junio de este año, el volumen de cargos en disputa involucra, con diverso grado, a los 32 estados de la república: 500 diputaciones federales (300 de mayoría y 200 plurinominales); 21,383 cargos en 30 estados y municipios; 15 gubernaturas; 1,063 diputados locales de 30 congresos estatales; 1,926 ayuntamientos y juntas municipales, con sus correspondientes ediles. Además, dado la tasa positiva de crecimiento demográfico de nuestro país, todas las cifras correspondientes al padrón electoral y a la instalación de casillas de votación seguirá siendo histórica: 94,800,000 votantes y 161,000 casillas. Antes de la jornada electoral, habremos tenido licencias, precampañas, postulaciones, campañas francas, propaganda, elecciones, impugnaciones y, por supuesto, después de la propia jornada, judicialización ante la máxima instancia jurisdiccional en materia electoral. No cabe duda de que será, primero, un procedimiento (administrativo) desde la óptica del INE y, después, un proceso (jurisdiccional) desde el mirador de los tribunales electorales, en ambos casos extremadamente amplio y complejo.

Lo novedoso será el ejercicio del voto “electrónico” en 10 entidades, donde se instrumentará esta modalidad para mexicanos que residen en el extranjero; también la elección extraordinaria de una senaduría; al tiempo de la aplicación, por primera vez, de las reglas que autorizan la reelección en candidaturas para diputaciones federales; todo, en el contexto de la pandemia por Covid-19 que no se sabe cómo impactará en la emisión del sufragio, sencillamente porque es una situación o variable externa de efectos desconocidos, no controlable y, por ello, sin posibilidades de predictibilidad cierta de sus efectos en el conjunto de las elecciones, no obstante la estimación de que el ritmo de contagio-muerte habrá descendido significativamente -aunque no desaparecido- y seguirán vigentes las medidas sanitarias. El mejor referente comparado respecto de las medidas que se podrían adoptar para dar seguridad sanitaria y certeza de sufragio, a los millones de votantes que actuarán en estos procesos comiciales en todas sus categorías o calidades (electores, candidatos, funcionarios electorales), se tiene en la multitudinaria experiencia de atención a la poblacional con motivo del proceso de vacunación que actualmente se practica en todo el país. No son procedimientos idénticos, pero si análogos y, de cualquier forma, no existen otros ejemplos semejantes con esos volúmenes de población implicada, porque ambos tienen el carácter de encuestas generales dirigidas a todo el universo poblacional, sin posibilidad alguna de muestras específicas. El otro único procedimiento con objetivos de cobertura universal que se ha practicado, recientemente, es el censo general de población del año 2020 -preparado, levantado y concluido en tiempos tanto pre-pandémicos como pandémicos- pero de ninguna manera su metodología, visita domiciliaria, desahogo y término es equiparable con los propósitos de un proceso electoral. La variable del abstencionismo dificultará aún más las posibilidades de dimensionar los efectos de la pandemia mundial, sabido el dato empírico de la tendencia a una menor concurrencia de votantes en los procesos electorales denominados intermedios (cuando no hay elecciones presidenciales), que a su vez vivirán la concurrencia de elecciones locales completas (gubernaturas, congresos y ayuntamientos) que, en la hipótesis, moderarían el efecto del abstencionismo tradicional, como se ha venido comentando muy recientemente. Ya pronto saldremos de dudas.