La administración pública se ha generalizado, como realidad y como concepto, sin distingo de orientaciones o ideologías, aunque, por supuesto, su entramado adquiera particularidades en cada caso nacional o subnacional, y aún cabría hablar del plano internacional donde organizaciones como la ONU, OEA, UNESCO, OMS, UE y demás entes similares constituyen también un ejemplo de administración pública formada por la voluntad, tratado o convenio de un amplio número de gobiernos nacionales. 

Posiblemente uno de los acercamientos históricamente más sólidos, de notable anticipación y vigencia, es el de Max Weber que, desde la Sociología, caracterizó como estructuras de poder a las burocracias con/en las que, en una sociedad determinada, se racionaliza el ejercicio del poder. La racionalización del poder y la burocratización de la acción de gobierno serían el resultado de la consolidación del Estado moderno o burgués, que se funda en principios filosóficos e ideológicos de libertad, igualdad, propiedad, libre empresa, seguridad y equidad, entre los más sonados y discutidos.

Surge así el sentido de pensar la administración pública como un fenómeno que se desarrolla en el nivel de la superestructura de las formaciones sociales, asentada en una estructura de base capitalista. Empero, esta exclusividad deja de ser tal al constatar su existencia histórica y actual prácticamente en todo modo de organización política extensa, desde las sociedades más conservadoras o elitistas, pasando por las de corte liberal, hasta las de régimen socialista o comunista. 

Weber, en efecto, pensó a la burocracia -hoy administración pública, latu sensu- como ejercicio racional y dinámico del poder, es decir, como gobierno en acción. Si el Estado es la organización política de la sociedad, “pactada” en una “constitución”, el ejercicio de la masa de atribuciones públicas (capacidades) por diferentes órganos -especializados y diferenciados- sólo puede apreciarse en la realidad cuando las acciona o actúa o despliega en su interrelación con las asociaciones, grupos de interés o de presión, y personas -todos también con capacidades (derechos) propias- con quienes se vincula en acuerdo o en conflicto, o en situaciones intercambiantes de acuerdo-conflicto. 

Por ello, la acción racional (políticas públicas) y la especialización (eficacia y eficiencia) de funciones se vuelven una necesidad para toda administración pública, que las clases y grupos sociales le exigen cumplir (el servicio público). Así, entre los entes de la administración pública se distribuyen ciertos montos de (a) autoridad y fuerza legítima para actuar en el espacio público, (b) cumplimiento de deberes y obligaciones de beneficio público y (c) actividad permanente, regular y continua. La observación empírica de estas características o su transformación han hecho del enfoque sociológico weberiano uno de los esquemas más fecundos para el estudio de la administración pública, como un “tipo real” del cual se puede inferir comprensivamente un “tipo ideal” aplicable con ánimo de objetividad… Pero, ya lo habíamos dicho antes, existen otros enfoques. Seguiremos.