Los estados en los que hubo el mayor número de reportes de violencia política de género fueron Veracruz, Puebla, Yucatán, la Ciudad de México y Michoacán. Entidades donde las autoridades no solo hicieron nada para contener y sancionar las agresiones, sino que incluso atizaron el fuego con políticas represivas hacia la protesta social, como es el caso particular de los gobiernos de dos de los peores gobernadores del país: el veracruzano Cuitláhuac García Jiménez y el poblano Miguel Barbosa.
Aunado a ello, los partidos políticos también pusieron de su parte… pero para que las campañas fueran un verdadero asco: carentes de propuesta, sin ideas claras, llenas de clichés, centradas en la pura mercadotecnia y no en las necesidades del país y en su mayoría, basadas en el absurdo y hasta en la ridiculización de candidatos que creyeron que entre más idiotas se vieran y escucharan, más “populares” serían.
Lo único que lograron realmente fue producir tal sentimiento de hartazgo, que la llegada a su final de este periodo de verdad que ha causado un sentimiento de alivio porque se dejarán de ver y escuchar sus miles de spots sin sentido; porque se retirará su basura propagandística de las calles y porque la gran mayoría de ellos –con sus muy honrosas y rarísimas excepciones- regresarán a donde pertenecen: a la nada.
El problema es que el sistema político electoral mexicano sale carísimo como para que definir a nuestras autoridades y representantes se reduzca a la mera movilización de las estructuras de los partidos y los gobiernos el día de los comicios. Es urgente renovar las reglas de las campañas. Obligar a los candidatos y a los partidos a aprovechar los recursos que se gastan en ellos y sancionarlos, por ejemplo, si se niegan a acudir a los debates oficiales organizados por la autoridad electoral. Si no son regalados.
Y también es de una imperiosa necesidad castigar de manera ejemplar las violaciones a las reglas electorales y a la Constitución en las que incurrieron en todos los niveles de gobierno, pero con especial incidencia desde la Presidencia de la República. Un tibio apercibimiento sale demasiado barato en comparación con una victoria en una gubernatura o con la obtención de una mayoría legislativa. Los violadores de las leyes pagan con gusto ese precio. Hay que aumentárselos a la diezmilésima potencia.
Para ello se requieren instituciones fuertes, verdaderamente autónomas para fiscalizar y llamar a cuentas a todos los actores políticos. En buena medida eso es lo que está en juego este 6 de junio: la posibilidad de recuperar un equilibrio de fuerzas que obligue a la negociación en lugar de la imposición, o la concentración del poder en una sola figura, con las consecuencias autoritarias que estamos sufriendo desde ya.
Las perspectivas no son halagüeñas. Las peores campañas de la historia no tendrían por qué producir algo diferente. Pero la única manera de incidir en ese panorama, en el presente y el futuro del país es saliendo a votar. Es una responsabilidad intransferible.
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