La primera se dio tras la aprehensión de Rogelio Franco en donde el gobierno quiso “negociar” la plaza con el PRD a cambio de su libertad, pero ante la rotunda negativa del líder perredista Sergio Cadena Martínez, se decidió tomar el bastión por la fuerza.
En horas de la mañana del pasado miércoles la Secretaría de Seguridad Pública entregó un oficio de la Secretaría de Seguridad Pública a las autoridades del municipio de Papantla de Olarte, requiriendo el armamento y solicitando a la corporación el inmediato traslado de sus elementos a Xalapa para el examen de “evaluación y confianza”.
Es un oficio que dirige Javier Rene Fernández Rodríguez, jefe de la Oficina de la “Licencia Oficial Colectiva No. 63” de la SSP, donde ordena al presidente Municipal Gilberto Ruiz Rubio, entregue las armas y ponga a disposición a la policía.
Es un escrito oficial donde esta persona se ordena a sí mismo -por instrucciones del titular de la SSP, Hugo Gutiérrez Maldonado- que se encargue del operativo. Es decir, él manda y firma la orden dejando en claro que dicho armamento se entregará de inmediato al ejército no presente en la diligencia.
Dispuso además que le entregaran el parque vehicular -con tanque lleno de gasolina- para el embargo correspondiente ocupando al mismo tiempo las instalaciones policiacas.
La reacción de las autoridades municipales no se dejó esperar al reclamar respeto a la autonomía municipal y dejando muy en claro que el argumento no era válido ya que el 83% de los elementos policiacos ya contaba con la aprobación de dicho examen y que el resto estaba en trámite.
En sesión de cabildo antenoche se reclamó a las autoridades del gobierno el estado el atropello insistiendo en la “violación a la autonomía del municipio toda vez que se deja en estado de indefensión a la seguridad de los ciudadanos e incluso de las mismas autoridades al llevarse las armas sin procedimiento legal alguno y sin la presencia del ejército”.
Se reclama asimismo al propio gobernador Cuitláhuac García Jiménez, el apoderamiento de las instalaciones de la policía fuera de toda legalidad, un total asalto que viola incluso los derechos humanos y constitucionales.
En el fondo lo que se busca el gobierno del estado es intimidar a la población, inhibir el voto y dejar en manos de la Guardia Nacional el control de la plaza y el cuidado de las urnas para poder manipular libremente los paquetes electorales en favor de Morena.
Morena sabe que la tiene perdida.
La sola presencia de los candidatos de la Alianza PRD-PAN-PRI que encabeza Octavio Tremari Gaya, quien va para la municipal en compañía de Mariano Romero González y Salomón García Malpica, aspirantes a la diputación federal y local, los tres perredistas, determinó el arrebato a la mala de parte del gobierno de Cuitláhuac.
Para el gobierno de Cuitláhuac García los 105 mil votos que representa la plaza es parte de la sumatoria comprometida a López Obrador de juntar una votación similar a la alcanzada en el 2018 donde entregaron a Morena dos millones de sufragios.
Papantla, al igual que el corredor Poza Rica y Tuxpan, representan casi la tercera parte de la votación del estado, de ahí la necesidad de tener controlada la plaza a como dé lugar.
Atrás de todo este entramado está la mano negra del secretario de Gobierno, Eric Cisneros, quien está operando, como en el 2018, en silencio. A la sordina. Utilizando al cuerpo de élite de la Secretaría de Seguridad Pública y a su área de “Inteligencia”, atropellando derechos ciudadanos, el municipio libre y toda norma. La consigna es no dejar pasar la oportunidad de arrebatar la voluntad ciudadana.
En igual sentido se está operando en los municipios de interés por el número de votantes.
Zongolica es una importante reserva electoral en donde al igual que en Papantla se busca controlar las urnas, por ello también se determinó quitar el armamento a la policía y ponerlo a disposición.
La misma acción ya fue operada con éxito en Jilotepec en donde la proporción de sufragios sin ser sustantiva, importa ya que es una plaza que pidió el primo hermano de Cuitláhuac García, el subsecretario de Finanzas, Eleazar Guerrero, para su concuño.
A San Andrés Tuxtla lo pusieron de rodillas tras quitarle la policía y armamento y dar paso al secuestro de Marina Garay, madre del alcalde Octavio Pérez Garay, quien paga cuantioso rescate y deja la plaza a Morena.
El gobierno de Cuitláhuac no se anda por las ramas en materia delincuencial.
Presente en el imaginario colectivo el brutal asesinato de la alcaldesa de Jamapa, Florisel Ríos Delfín, el pasado 11 de noviembre, previo retiro de la policía y ser amenazada por el propio Bola 8. A Florisel la acribillaron y remataron con un balazo en la cara.
Y en Orizaba, un importante bastión priista, hace unas semanas de manera intempestiva desarmaron a 389 policías remitiendo a varios de ellos por presuntas ligas con el crimen organizado. Es esta plaza también despertó sospecha el interés electoral ya que Morena no tiene presencia.
Así, a escasas 48 horas de la jornada electoral calificada como histórica por el presunto número de votantes, se ve ensombrecida por el fantasma de la violencia y preparación de un megafraude electoral.
Son ni más ni menos los preparativos para la consumación de una elección de estado.
Tiempo al tiempo.
*El autor es Premio Nacional de Periodismo
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