Sin tacto.
Sergio González Levet.
 

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2021-07-05

De acuerdo con la Ley Orgánica vigente de la Universidad Veracruzana, un requisito para ocupar la silla de la Rectoría es ser menor de 65 años.


     No obstante, los aspirantes siguientes rebasan los 65 años y, por tanto, para postularse tendrían que recurrir a un amparo (o quizás ya lo tengan resuelto):



  • Magdalena Hernández Alarcón. Secretaria Académica del Área de Humanidades, tiene una larga y productiva trayectoria universitaria que empezó con sus estudios en la Facultad de Idiomas, en la especialidad de Lengua Inglesa, de la que fue una de sus mejores directoras.

  • Octavio Ochoa Contreras. Secretario de Desarrollo Institucional desde la llegada de Sarita Ladrón de Guevara. Fue oponente a Víctor Arredondo cuando este último resultó Rector, y después fue su colaborador. También trabajó con Raúl Arias Lovillo. Quizás no se lance y prefiera seguir fungiendo como el tutor de Salvador Tapia Spinoso, como lo ha sido desde hace ocho años, y antes en la administración de Arias.

  • Alfonso Pérez Morales. Exdirector de la Facultad de Medicina del puerto de Veracruz, y Vicerrector casi desde inicios de la administración actual. Ha sido exitoso en su gestión, con fuertes lazos políticos en Veracruz puerto. Quizás no se decida a postularse y esté apoyando a su exsecretario Carlos Lamothe.

  • Walter Saiz González. Director del Área Técnica en épocas de Arredondo e impulsor del joven Cuitláhuac García. Actualmente es director del Tecnológico de Xalapa.

  • Luis Hernández Palacios. Aunque el poderoso Procurador Agrario de la República niega que tenga algún interés, su figura y su abolengo dentro de la UV lo colocan como un referente y como una figura infaltable en cualquier lista.


  • *Nota: sólo como un dato adicional, hay que consignar el dato de que Rocío Ojeda Callado, Jorge Manzo Denes y José Luis Cuevas Gayosso pertenecieron a la Comisión para el diseño de la nueva Ley Orgánica, que formó el Consejo Universitario en 2018, cuyo proyecto de Ley fue enviado a la Legislatura pero que no ha discutido, ni mucho menos aprobado. Esta iniciativa pretende la disminución de las atribuciones de la JG y está a favor de quitarle la Contraloría para pasarla al Consejo Universitario, el cual en los hechos está controlado por el Rector en turno.


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