Arranco con una primera observación.
Hasta antes del proceso de designación de 2017, las Juntas de Gobierno tenían como prioridad mantener la estabilidad de la institución. Por eso, aunque alguna designación (que no elección) se decidió por mayoría, se hizo público que fue por unanimidad. Para que haya mayoría se requieren 6 de 9 votos; 5 vs 4 se considera empate.
La otra prioridad es la defensa de la autonomía, que no es decir poco.
Entonces, si prevalece esa lógica, la Junta de Gobierno (JG) no designará a alguien que desestabilice a la institución, ya sea porque es altamente rechazado por la comunidad universitaria o, por ejemplo, porque se reconozca como un declarado enemigo del Gobierno (hay que precisar que hasta el momento no se sabe de alguien así).
En esa lógica, la JG tampoco acataría sumisa la recomendación del Gobierno, lo que significaría entregar la autonomía. Recuérdese que la JG está conformada por nueve integrantes, y que cinco de ellos son académicos de la UV.
Los cuatro consejeros externos tienen altas credenciales, lo que adicionalmente podría ser un escudo de defensa de la autonomía y a la vez ofrecería cierta garantía de sensatez en la designación.
Los consejeros de casa tienen credenciales disparejas; sobre todo los integrantes de las comunidades universitarias regionales, que mantienen cierta fidelidad a su vicerrector y a su líder sindical regional. Este hecho hace que algunos aspirantes se sientan confiados en la garantía de su voto, lo que parece alejado de la realidad.
¿Quiénes son los nueves consejeros que tomarán la decisión ”de acuerdo con su conciencia”? En la próxima columna los precisaremos. Si me dan licencia.
sglevet@gmail.com |
