Mediante un escueto comunicado, este martes la señora Araly Rodríguez vez dio, por primera vez, su versión sobre los diversos señalamientos que la ubican como testaferro de personas o empresas desconocidas, para la adjudicación de contratos con el actual gobierno estatal.
Araly Rodríguez en su comunicado es muy clara:
“En las Secretarías donde hemos (así, en primera persona, plural del verbo haber) tenido algún contrato, jamás hemos incurrido en ningún tipo de irregularidad, cumpliendo estrictamente con la entrega oportuna de los bienes contratados y con los estándares de calidad requeridos”.
No es así.
El Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz (Orfis) reportó en su informe de la cuenta Pública 2020, que los contratos 0177, 0241, 021, 031, 0147, 0162 y 0156, otorgados por los Servicios de Salud de Veracruz a Arely Rodríguez Vez, no encuadraron dentro de la actividad económica del proveedor número 32804, que consistía en “todo lo relacionado a bienes informáticos, licencias, arrendamientos, materiales, útiles, bienes, mobiliario y equipo de oficina”.
Los contratos antes mencionados incluyeron la venta de Araly Rodríguez al gobierno estatal de overoles desechables, mobiliario y equipo médico, guantes, batas quirúrgicas, trajes de seguridad, botas jardineras, alcohol etílico, bomba aspersor, cámara térmica y plata coloidal, entre otros.
Esas irregularidades contravienen lo que dispone la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles, que en su artículo 45 advierte que los entes públicos no podrán recibir propuestas o celebrar contratación alguna, con las personas físicas o morales que se mencionan”, y en su fracción VI incluye a “los proveedores o licitantes cuya actividad mercantil o de negocios, de conformidad con su objeto social registrado y autorizado, no corresponda o no tenga relación con los bienes o servicios solicitados por el ente público”.
Pero no sólo eso.
El Orfis advierte que en el caso de Araly Rodríguez, en sus negocios con los Servicios de Salud violentó el artículo 59 de la misma Ley, que dispone que “las adjudicaciones directas sólo se realizarán con los proveedores previamente registrados en el padrón de los entes públicos”.
En su informe el Orfis detalló que tres contratos adjudicados de manera directa a Araly Rodríguez, que en total sumaron cerca de 20 millones de pesos, se firmaron antes de que ella fuera dada de alta en el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Se trata del contrato 021/2020, por 10 millones 675 mil pesos, firmado el 24 de marzo de ese año, cuando la fecha de Registro de Actividad en el SAT está marcada el primero de abril de ese mismo año, o sea una semana después.
Los contratos 147/2020 (por 5 millones 804 mil pesos) y 031/2020 (por 2 millones 865 mil pesos) fueron firmados los días 7 y 8 de abril, apenas unos días después de haber registrado en el SAT su actividad y, por lo tanto, aún no tenía su registro como proveedora del gobierno estatal.
La Secretaría de Salud pretendió justificar estas irregularidades con el decreto mediante el cual se determinaron “medidas extraordinarias y de excepción”, y por el que se concedieron atribuciones a la Secretaría de Salud y al Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz.
Argumentó la Secretaría de Salud, también que, aunque los contratos se adjudicaron de manera directa antes de que el SAT emitiera su Registro de Actividad, esa Secretaría ya la tenía registrada, antes -incluso- que la Secretaría de Hacienda.
Por supuesto, el Orfis desechó los argumentos de la Secretaría de Salud y dio como “no solventada la Observación número LP-069/2020/002”.
Araly Rodríguez dice ser víctima de una “revancha política” y reconoce otra irregularidad, pues admite que el interinato obtenido en el sector educativo fue producto de una “herencia” tras el fallecimiento de su esposo:
“Después del fallecimiento de mi esposo en noviembre del 2020, y tras un año de pandemia por fin se me da mi primer interinato sobre la plaza”.
Remata pidiendo “a todos aquellos que se dedicaron a manchar mi imagen, a investigar a fondo antes de hacer aseveraciones las cuales dañan y perjudican mis derechos laborales, así como los de seguridad para mi persona y mi familia”.
Esto último alcanza, incluso, al gobernador Cuitláhuac García, quien expresó en conferencia de prensa:
“En efecto tiene esos contratos y la estamos investigando. Nosotros pensamos que es prestanombres de otra empresa”.
Mientras más aclaran, más se enturbia.
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Epílogo.
De pronto el hedor exhibe lo que en Palacio de Gobierno insisten en negar: son muchos más los muertos y no parece haber voluntad -ni capacidad- para contenerla. *** Esta semana el foco de atención fue en el poblado San Antonio Paso del Toro del municipio de Xalapa, desde donde se reportó el hallazgo de cuerpos humanos al fondo de un barranco. *** Los pobladores percibieron el olor fétido y dieron con cuerpos mutilados. El personal de Servicios Periciales llegó hasta el fondo del barranco y encontró tres cuerpos humanos mutilados, en estado de descomposición. *** La búsqueda continúa, pues advierten que pudieran encontrar más restos humanos en esa zona. *** Mientras tanto, en Poza Rica, el pasado martes un joven fue atacado con arma de fuego. Los hechos ocurrieron en la calle Colegio Militar casi esquina con el bulevar Adolfo Ruiz Cortines, de la colonia Obrera, a un costado del mercado “Poza Rica”.
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