De ser “prestanombres” de alguna maquiavélica empresa que quería seguir haciendo negocios a costa del erario, Araly Rodríguez –quien sigue sin aparecer públicamente, lo que hace dudar sobre si vive incluso- pasó a ser una empresaria “legítima” y muy exitosa que ha obtenido contratos por más cien millones de pesos en su sexenio sin que, según él, existan irregularidades.
Embarrado hasta el tuétano en un escándalo que desbarata el sonsonete de que es “honesto” con el que a cada rato lo tiene que defender el presidente López Obrador, ante la imposibilidad de afirmar que es capaz, García Jiménez recurrió a la salida que todos toman en la mal llamada “cuarta transformación” cuando les “caen en la maroma”: descalificar a los críticos, negar las corruptelas e inventarse conspiraciones “golpistas”.
Pero la evidencia está ahí. García acusa que los medios se “inventaron” el domicilio de la tiendita de la colonia Higueras, cuando ése es el que aparece en los contratos y con el que está dada de alta como proveedora. Y se queja de que no hicieron caso a la casa de junto, donde supuestamente se ubica el “consorcio” de la muy “próspera” Araly Rodríguez.
Solo que en ese inmueble no había nada que indicara que fueran oficinas de algo ni está en la dirección proporcionada como domicilio fiscal no de una empresa, sino de la persona física a la que se le otorgaron los contratos millonarios, sin licitación de por medio, además.
Dos días después de que se exhibió el engaño en los medios –a los que García acusa cachetonamente de “mentir”- fue que le colocaron a la casa un rótulo con un logo malhecho para simular la sede del supuesto consorcio, tal como fue también reseñado en un portal informativo.
Contra todo el presupuesto que maneja el estado, 100 millones de pesos es realmente una suma, si no intrascendente, sí corta. Lo que en realidad les preocupa, además de ser exhibidos como corruptos y farsantes, es que se haya descubierto el hilo de una madeja todavía más grande a través de un esquema de desvío de recursos en el que hay muchos implicados.
Por ejemplo, en la Secretaría de Seguridad Pública –una de las dependencias que “contrató” los “servicios” de Araly- está incrustado un oscuro personaje herencia del fidelismo, de nombre Ulises Rodríguez Landa, quien se vinculó a Cuitláhuac García desde su campaña a la gubernatura, recibiendo por ello la jefatura de la Unidad Administrativa de esa dependencia, donde permanece a pesar del cambio de titular.
Ahí mismo opera en la Dirección General de Vinculación Institucional Eleazar Guerrero Barrera, que no es otro que el hijo de Eleazar Guerrero Pérez, el primo hermano de Cuitláhuac García que desde la Subsecretaría de Finanzas y Administración maneja todos los recursos financieros del estado, y que además encabeza la asociación política “Unidos Todos”, que entre otras cosas financió la brutal campaña propagandística desplegada en Veracruz para la “revocación de mandato” de López Obrador, que ni con el derroche concitó a la gente a salir a votar.
A Eleazar Guerrero le rinden cuentas todos los jefes de las unidades administrativas y de los órganos de control de las dependencias del estado, mismos que al menos en tres de éstas “no vieron” que se le estaban entregando recursos millonarios por asignación directa a una empleada administrativa de la Secretaría de Educación en Xalapa, que da clases en Cosoleacaque y es prefecta en Poza Rica.
“Cachados” en la “movida”, en el gobierno estatal han pasado del pasmo a la mitomanía. De llamar “prestanombres” a Araly Rodríguez a reconocerla como empresaria que además, “entregó” todo lo que se le contrató. De lo cual no han presentado evidencia alguna, por supuesto. Pura saliva.
Pero eso sí, Cuitláhuac García se llena la boca llamando “voceros de la corrupción” a quienes evidenciaron la realidad de su gobierno, en el mismo estilo bravucón y pendenciero de López Obrador, creyendo que así acallará el escrutinio sobre su pésima y, ahora sin duda alguna, corrompida administración.
Por la boca muere el pez.
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