“Debernos tener la oportunidad de decir nuestra verdad (…) primero que se aclare; dennos el derecho -bueno no yo, las instancias- que se les otorgue el derecho de decir también su verdad”.
Una vez más, por un mal asesoramiento en materia jurídica, se vuelve a equivocar el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García. Es falso que ahora la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tenga que escuchar “la versión” del gobierno estatal y de la Fiscalía General del Estado (FGE), pues eso ya lo hizo.
Para que la CNDH emita una recomendación, tuvo antes que haber recabado declaraciones y documentos de las partes, y una vez reunido todo el material probatorio, esa institución emite una resolución.
La misma recomendación VG88/2023 narra la forma ilícita en la que irrumpieron los elementos de la Policía Ministerial a una bodega, y los actos de tortura (registrados en una cámara de video-vigilancia) y abuso policial en los que incurrieron.
La CNDH recomendó tanto al gobernador como a la titular de la FGE, que se concluyan las investigaciones internas y se proceda penalmente contra quien haya resultado responsable de estos abusos, lo que -de cumplirse a cabalidad- podría significar el cese y consignación del Director de la Policía Ministerial y del responsable de la Unidad de Combate al Secuestro.
Por eso la actitud del gobernador, de anticipar que “se va a analizar” la recomendación.
Es común que el gobernador cuestione la veracidad de versiones que hagan referencia a una mala actuación de las corporaciones policiacas estatales. En este caso, aunque “de dientes para afuera”, anuncia que va a admitir la recomendación, pero insiste en que “dará su versión” y le echa más leña al fuego:
“Aquí se nos ha exigido mucho actuar contra quienes roban los tráilers y en esas investigaciones salió la bodega y un personaje, para que se sepa bien quién defiende a quién, que es muy importante, porque va a salir más adelante”.
Nadie le ha explicado que, incluso si los detenidos hubieran tenido alguna participación en hechos ilícitos, la violación al debido proceso y los actos contra sus derechos humanos, anulan cualquier actuación oficial en su contra.
Ahí el error está en las corporaciones policiacas y en la propia Fiscalía, que no ha capacitado a su personal para que actúe apegado a lo que estable la Constitución y los Códigos de la materia.
Y a propósito de las recomendaciones de la CNDH, nada ha informado el gobierno estatal de otras resoluciones de ese organismo autónomo que han dejado en evidencia el irregular comportamiento de los policías de Veracruz.
¿Ha habido sanciones?
¿Y la transparencia?
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Epílogo.
Este jueves la diputada Anilú Íngram acudió a la Fiscalía de Veracruz para ratificar su denuncia en contra de quien fuera secretario de Salud al inicio de la actual administración, Roberto Ramos Alor, por actos que pudieran ser catalogados como “violencia política en razón de género”. *** Los hechos ocurrieron durante la comparecencia del exfuncionario, para hacer la glosa del informe de gobierno, en diciembre del 2021, y a pesar de que se percibe una intención de “congelar” el expediente, la legisladora le ha dado puntual seguimiento al tema. La atención en la Fiscalía, dijo, fue amable y se cubrieron todos los requisitos. *** Acabo de ratificar la denuncia en la Fiscalía General del Estado de Veracruz en contra del ex funcionario público, Ramos Alor, por violencia política en razón de género. Es de vital importancia cumplir con cada etapa del proceso para que no quede impune y se otorgue justicia, confío en que sea así”, escribió la diputada en sus redes sociales. *** El tema ha retomado fuerza con la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el caso de la denuncia de la diputada Ruth Callejas contra el secretario de Gobierno, Éric Cisneros. *** En este último caso, como en el de Anilú Íngram, el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) respondió que no correspondía a esa instancia resolver las denuncias, pues argumentó que se trataba de un caso relacionado con el “derecho parlamentario”. *** Sin embargo la Sala Superior desechó ese criterio y ordenó que se analizara a fondo la denuncia contra Cisneros Burgos, por lo que el expediente contra Ramos Alor tendría que seguir la misma ruta. Ya se verá.
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