Este miércoles el juez de control Óscar Hernández Carmona tendrá la oportunidad de demostrar que no actúa bajo consigna.
El juzgador deberá acatar la sentencia de amparo emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, en la que se le instruye: “Deje insubsistente la parte relativa a la audiencia inicial, en lo concerniente al dictado del auto de vinculación a proceso reclamado”, y “señale nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia en la que, con asistencia de las partes, pero sin intervención de las mismas, con libertad de jurisdicción, resuelva lo procedente sobre la solicitud de vinculación a proceso realizada por el fiscal, de manera fundada y motivada”.
Se trata del proceso iniciado por la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de Diana Elizabeth Fuentes de la Rosa y Jorge Ignacio Botas Jiménez, padres de Marlon Botas Fuentes, quien es señalado de cometer feminicidio en contra de quien fuera su pareja, Monserrat Bendimes Roldán.
Es importante recordar que ese hecho motivó la promoción de una reforma legal (que aún no se presenta para su votación en el Pleno del Congreso local) conocida como la “Ley Monse” y que pretende sancionar penalmente a quien auxilie a un feminicida.
El presunto feminicidio ocurrió el 23 de abril del 2021 y, ante su incapacidad para dar con el paradero del probable responsable, la Fiscalía recurrió a medidas muy poco éticas.
Primero detuvo a Brian Fuentes Pérez, un tío de Marlon, con el fin de presionar a la familia para que revelara el paradero del presunto feminicida. En virtud de que no conseguían nada con esa medida, los elementos de la Fiscalía fueron más allá y detuvieron a los padres. Los acusan de haber tenido “una participación simultánea en el delito de feminicidio”.
Pero desde la misma narrativa de la Fiscalía (que además fue retomada por el juez de control al momento de decretar la vinculación a proceso de los imputados) se establece que los padres de Marlon “hicieron acto de presencia en el domicilio donde previamente existió una agresión física en contra de la pasivo”.
En la sentencia que ampara a los padres de Marlon se advierte que “dicha autoridad (el juez de control) omitió explicar en qué consistió, específicamente, la ayuda que proporcionaron los quejosos en la ejecución del hecho previsto por el código punitivo local como feminicidio”.
Los magistrados del Tribunal Colegiado hicieron notar que el juez “se limitó a mencionar, en forma dogmática, que los actores constitucionales prestaron ayuda, por conducta simultánea, en la ejecución de ese delito, ya que hicieron acto de presencia en el lugar donde previamente fue agredida la víctima físicamente; empero, dejó de explicar por qué la sola circunstancia de haberse constituido en dicho lugar ayudó en la realización del delito”.
Y se apunta: “Lo anterior se traduce en una insuficiente motivación, que vulnera lo dispuesto en el numeral 14 de la Constitución Federal, conforme al cual todo acto de autoridad debe encontrarse fundado y motivado de manera expresa, no implícita o tácita, con el objeto de que los imputados conozcan las razones que tomó en cuenta la responsable para vincularlos a proceso, a efecto de que dispongan de los elementos necesarios para su oportuna defensa”.
Es evidente que la Fiscalía pretende aplicar contra los padres de Marlon, el contenido de la “Ley Monse”, que ni siquiera ha sido sometida a la votación de los legisladores locales y, por lo tanto, está apenas en calidad de dictamen aprobado en comisiones.
Este tipo de abusos se cometen cuando falta capacidad para hacer el trabajo con apego a las normas jurídicas.
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Epilogo.
La consigna está clara: “al secretario de Gobierno (Éric Cisneros Burgos) no se le toca ni con el pétalo de una rosa”. *** La Comisión de Quejas y Denuncias del OPLE desestimó la denuncia que presentó la diputada Ruth Callejas en contra del funcionario estatal, por violencia política de género. *** De último momento, en una sesión “virtual”, dos de los tres miembros de esa comisión (Quintín Antar Doverganes Escandón y Fernando García Ramos, ambos varones) se pronunciaron por negarle a la legisladora las medidas cautelares que se consideran para estos casos. *** Por su parte, la consejera Mabel Aseret Hernández Meneses votó a favor de imponer las medidas cautelares, además de que denunció en su posicionamiento las irregularidades en las que incurrieron sus compañeros, para favorecer al secretario de Gobierno. *** No entienden que ellos son apenas la primera instancia y que cada acción para entorpecer el proceso los exhibe. *** El gobernador de Veracruz sigue jugando con fuego. Pasó ya una semana de que recibió la recomendación de la CNDH por los abusos cometidos por elementos de la Policía Ministerial y de la Fiscalía General del Estado (FGE) y ni él, ni la “autónoma” Fiscalía, han respondido por los daños causados y el robo cometido en una bodega donde decían que se cometían secuestros y se ocultaban mercancías hurtadas. *** La recomendación por “violaciones graves” a los derechos humanos ya amerita sanciones fuertes a servidores públicos de Veracruz, pero si se agrega la negligencia para acatar la recomendación, el tema podría escalar y afectar a las más altas autoridades.
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