“Toca guardar silencio y escuchar a las mujeres que marchan, que gritan en las calles, que dan voz a las que callan y nos recuerdan a las que hablaron por primera vez. Las únicas voces que hoy se deben oír son las de ellas, las de ustedes. Las escucho”.
Esto es parte del mensaje enviado este miércoles por la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, una destacada jurista que hoy es víctima del acoso, por el simple hecho de defender la autonomía y el prestigio del máximo tribunal del país.
Justo en vísperas de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el portal informativo “Latinus” revivió una denuncia que se había hecho dos semanas antes en Veracruz: opera una red de acoso y trata de mujeres en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y uno de los más señalados fue el titular de la ayudantía del gobernador, identificado como el exmarino Carlos Enrique Santos Hernández.
Por supuesto, el gobernador dijo no saber nada (a pesar de que dos semanas antes se había hecho pública la denuncia y el propio titular de la SSP, Cuauhtémoc Zúñiga, respondió negando las acusaciones) pero -igual que como sucedió con Araly Rodríguez, la cara visible de una red de empresas fantasma- el mandatario estatal se apresuró a informar que el comandante Santos Hernández ya había sido dado de baja.
A propósito de la marcha realizada en el centro de Xalapa, la SSP concentró en el primer cuadro de la capital veracruzana a un par de cientos de mujeres policía (de esas que sufren acoso de sus superiores) con la encomienda de “vigilar” que la marcha no se saliera de control.
El Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) ha informado que, en las corporaciones policiacas de los estados, al cierre del 2021, las mujeres representaban el 24 % de los elementos sin grado jerárquico y entre los elementos de escala básica el 22 %; en cambio, en la escala más alta son apenas el 17 %. La disparidad es mayor en las escalas intermedias: las mujeres son el 12 % de los inspectores y el 14 % de los oficiales.
Está claro que la “solidaridad” de nuestros gobernantes con el género femenino se quedó atorado en el discurso, pues en los hechos las mujeres siguen jugando un papel marginal. Veracruz es un trágico ejemplo de ello.
El Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (IGAVIM) dio a conocer que el estado de Veracruz cerró el 2022 como una de las 10 entidades con mayor incidencia de feminicidio, violencia familiar y abuso sexual.
Esta entidad ya suma dos alertas de género y desde hace un buen rato organizaciones civiles insisten en que le apliquen a Veracruz una tercera alerta, pues la violencia contra las mujeres no sólo no ha disminuido, sino que ha ido al alza.
Respaldado en estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el IGAVIM señaló que Veracruz ocupó el cuarto lugar en la estadística nacional por feminicidio, con 68 denuncias, sólo abajo del Estado de México, Nuevo León y la Ciudad de México.
En el rubro de violencia familiar, Veracruz ocupó el noveno lugar de la lista con 11 mil 746 denuncias, superado por la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, Chihuahua, Baja California y Coahuila.
En casos de abuso sexual, Veracruz quedó en el puesto número 10, con 982 denuncias, abajo del Estado de México, la Ciudad de México, Jalisco, Chihuahua, Nuevo León, Baja California, Guanajuato, Quintana Roo y Coahuila.
“Salimos a las calles, ocupamos los espacios públicos, reclamamos, legítimamente, un alto a las violencias que impiden a millones de mujeres, niñas, adolescentes, adultas mayores, vivir en paz. Que nos impiden a las mexicanas desarrollar nuestro proyecto de vida en igualdad, con tranquilidad, con alegría, con dignidad. Hoy, nos vemos a los ojos, nos fortalecemos. Nos acordamos de que somos muchas, de que somos fuertes, de que nos tenemos. Hoy, una vez más, nos reunimos para exigir: ¡Ni una más!”, expresó la ministra presidente de la SCJN, Norma Lucía Piña.
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Epílogo.
Finalmente, ya salió alguien a explicarle lo que, en este mismo espacio, se le aclaró al gobernador Cuitláhuac García: que las recomendaciones en materia de derechos humanos no van dirigidas a las personas, sino a las instituciones. *** La presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDHV), Namiko Matzumoto Benítez, explicó que ninguna recomendación del organismo estatal o del nacional “lleva nombres”. *** La titular del órgano estatal autónomo aclaró que las recomendaciones van dirigidas a las instituciones, aunque las violaciones a derechos humanos hayan ocurrido antes del periodo de un funcionario público. *** Añadió que, en caso de que las recomendaciones deriven en una investigación con la que se constituya un delito, también la Fiscalía General del Estado debe de realizar la investigación correspondiente, y recordó que cada institución puede determinar si acepta o rechaza una recomendación, aunque para rechazarla deberá de presentar sus argumentos. *** “Las razones que tengan las autoridades para no aceptar una recomendación, tendrán que justificarse y motivarse, eso es lo que marca la Ley”. *** Se vería muy mal el gobierno de Veracruz si su argumento para rechazar una recomendación fuera que los hechos ocurrieron cuando era otro el gobernador. Pero son capaces.
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