Pero con la consigna de por medio de hacerse de sus recursos y de donar sus bienes, derechos y obligaciones a favor del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (así se lee de la iniciativa del Ejecutivo Federal con proyecto de decreto que fue enviada a la Cámara de Diputados) se advierte una intención no de resolver sino de aprovechar la crisis de una institución que dejó de operar con honradez y justicia.
Se le arroja a la hoguera sin atender a que los verdaderos perjudicados con la decisión son los hombres y mujeres del campo, de quienes todos debemos cuidar si no queremos vivir una severa crisis alimentaria en el futuro inmediato.
Por ejemplo, se anuncia que el objetivo principal de la extinción de la Financiera será entregar los recursos directamente a los beneficiarios sin intermediarios y sin gastos de infraestructura, ello a través de programas que al día de hoy operan en la opacidad y que de sobra se sabe, no funcionan.
Se habla también de sumas millonarias, 8 mil millones de pesos en cartera vencida y altos costos de recuperación; pero no se dice qué va a pasar con las personas acreditadas con garantías hipotecarias y voluntad de pago que creyeron en la buena fe de los arreglos que se ofrecieron a pesar de haber anunciado ya su cierre de operaciones y accedieron a hacer pagos.
Convenios en su mayoría telefónicos o verbales, que la financiera se negó a respaldar alegando que se trataba de documentación interna y privada del organismo, pero de los que sí recibió “pagos de intención” que fueron depositados a una cuenta concentradora de la Financiera y no al crédito en sí.
En donde estará ahora ese dinero, y como identificarlo, si no hubo recibo, ni convenio, ni acuerdo de por medio. Quien va a cancelar ahora esas hipotecas, pagadas, o serán donadas al mismo pueblo desconociendo a los verdaderos dueños.
¿Por qué la urgencia?, porque no acceder a la convocatoria de foros y espacios de diálogo con los que resultarían afectados, por qué no consultar al pueblo ofendido y robado durante años.
Por qué tomar decisiones en lo oscurito y negarse a abrir a debate el tema con los agricultores, ganaderos y demás integrantes del sector como se les vino solicitando.
Peor aún qué pasará con aquellos productores que confiando en la banca de desarrollo, optaron por créditos que si bien firmaron en aceptación hipotecando sus tierras a la fecha no han recibido, ni recibirán de manera completa los fondos prometidos.
Quienes son los beneficiarios de la corrupción que alegan en la Exposición de Motivos de la iniciativa; y por qué no hay denuncias de por medio, o alguien en la cárcel para prueba de lo que se dice.
Son muchos los cuestionamientos que se ciernen en torno a la desaparición exprés de la Financiera, sobre todo porque en diversos estados de la república siguen recibiéndose demandas de cobranza y ejecuciones de embargos de tierras.
Sin duda parece una decisión que no concuerda con el fin alegado, sino todo lo contrario todo apunta a más corrupción, más opacidad, más incertidumbre e inseguridad que la que había antes.
La Cámara de Senadores, debe analizar de fondo la operatividad de la financiera y tomar las medidas adecuadas para garantizar la tutela de los derechos de propiedad y el patrimonio de quienes hoy quedan hipotecados y a la deriva, pues de lo contrario no se está resolviendo el problema sino haciendo más grande.
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