Volviendo a lo de la Riviera Maya, se trató de personas de nacionalidad extranjera que con arreglo a las leyes de nuestro país y ante notario público y demás formalidades, crearon una empresa que compraba, rentaba y vendía cajeros automáticos a instituciones de crédito en donde se realizaban las usuales operaciones que suelen darse en estas máquinas, principalmente el retiro de dinero.
Contaron las víctimas hace más de tres años, que después de hacer uso de esos cajeros, veían perdido su dinero, es decir “alguien” haciendo uso de su tarjeta y números de identificación personal vaciaba sus cuentas, y que al percatarse del robo los usuarios se presentaban a reclamar al banco en donde después de seguir los protocolos y sin sonar ninguna alarma, pasaban los casos como aislados y con el argumento de que los retiros se hacían con la tarjeta y números de identificación personal del cliente no era procedente devolver el dinero, pues los datos solo eran conocidos por el cliente y la tarjeta estaba en su posesión.
Lo que sucedía es que dichos cajeros clonaban las tarjetas y copiaban los números de identificación personal (nip´s) de los clientes, pues tenían adaptadas tecnologías que permitían obtener esa información para después hacer uso ilícito de ella.
El atraco se vivió no solo en turistas extranjeros, sino en nacionales, quienes experimentaron el retiro de dinero en efectivo, cargos no reconocidos por compras, o transferencias a cuentas de desconocidos, ese dinero según dice hasta ahora la UIF, se fue a paraísos fiscales.
Pero hace tres años cuando el caso salió a la luz por una investigación periodística que dio con el caso, el banco directamente relacionado con los robos, no tardó en emitir un comunicado para pedir, prácticamente una disculpa pública de quienes los señalaron pues dijo, a ellos ninguna autoridad les había hecho reclamo o solicitud alguna de información y que por tanto consideraban se estaba “manchando” su prestigio, pues ellos en efecto habían contratado a la empresa proveedora de cajeros pero esto había sido apegado a las leyes que en ese momento regían.
Y así, fueron acalladas las quejas en aquellos ayeres. Que hoy tres años después, la Secretaría de Hacienda por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera, dice detectó. Total que seguramente no se reabrirán las quejas que en su momento se interpusieron y mucho menos se devolverá el dinero a los clientes defraudados.
No vamos lejos con el asunto de los cajeros automáticos, aquí mismo en Xalapa no dejan de aparecer las víctimas de robos, porque les quitan la tarjeta con engaños, o porque aprovechando algún lapso de confusión les hacen revelar el nip.
Todo sin que los bancos hagan absolutamente nada por frenar los robos, investigarlos, o prevenirlos reforzando su seguridad y la de sus usuarios pues muchos cajeros en donde esto sucede se ubican en sus propias sucursales. Por el contrario, siguen recibiendo quejas de personas afectadas por el mismo móvil, limitándose a dar las mismas respuestas: improcedente.
Lamentablemente observamos organismos reguladores opacos, incompetentes, rebasados con la problemática en donde optan por hacerse de la vista gorda, a poner remedio al caso. Y es que de esta manera es más fácil, porque aquí el único que pierde es el cliente, porque al banco no se le obliga a responder por la falta de ese dinero, y mientras eso pase seguirá la impunidad.
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