El secretario de Gobierno de Veracruz, Éric Cisneros Burgos, está metido en un serio problema legal, que podría echar por tierra sus aspiraciones a un cargo de elección popular el próximo año.
De todos es sabido que la colocación de anuncios espectaculares y la pinta de bardas que aludan a un personaje en particular son considerados actos anticipados de campaña, a partir de los criterios establecidos en la legislación electoral.
En general, los actos anticipados de campaña se refieren a cualquier actividad realizada por un individuo o grupo que promueva de manera directa o indirecta a un candidato o partido político antes del inicio oficial del periodo de campañas electorales.
El objetivo de estas normas es garantizar la equidad y la transparencia en los procesos electorales, evitando que algunos candidatos o partidos tengan una ventaja indebida al promoverse antes de tiempo.
Algunos elementos que se toman en cuenta para determinar si la colocación de anuncios espectaculares o la pinta de bardas constituyen actos anticipados de campaña pueden incluir que haya una referencia explícita para el potencial candidato.
Esto es, si los anuncios hacen mención directa a un personaje específico, su imagen, nombre o eslogan de campaña, es más probable que se consideren actos anticipados de campaña.
Si la colocación de esos anuncios se realiza antes del inicio oficial del periodo de campañas, es más probable que se considere un acto anticipado.
Si los anuncios tienen la clara intención de promover a una persona, su plataforma política o su imagen, se podría interpretar como un acto anticipado de campaña.
El argumento de Éric Cisneros para el escandaloso número de anuncios espectaculares colocados en toda la entidad -con el aparente fin de promover un libro de su autoría, pero con la clara intención de difundir su imagen- es que “alguien” ordenó colocarlos, que no fue él.
Pero resulta que la empresa editora de dicho libro también niega ser la responsable de toda esa propaganda, por lo que, si ninguno de los directamente interesados (el autor del libro o la casa editora) admiten haber contratado esos espacios, los órganos electorales se limitarán a sancionar a la figura promovida en ellos.
A partir de la “recomendación” del presidente López Obrador, de que retirara los anuncios o renunciara a su cargo, el secretario de Gobierno ha insistido en que no se trata de propaganda política, sino de “promoción cultural”, aunque no explica la razón de que en todos esos anuncios aparezca, en lugar del libro, una fotografía suya y su nombre destacados.
Éric Cisneros sigue un guión bien aprendido e insiste en que desconoce quién lo admira tanto, que ordenó toda esa propaganda, con una misma identidad gráfica,
“Estoy haciendo una invitación a las personas, porque desconozco a los que los pusieron. Estoy haciendo una invitación genérica para que nos ayuden”, repite el funcionario, quien las atribuye a “la expresión de la ciudadanía”.
Éric Cisneros se dice “respetuoso de la ley” y jura que en ningún momento ha pretendido que se confunda la intención de esos anuncios que él -así lo asegura- no contrató.
Se trata, dijo, de un tema de cultura, y no de un enfoque político.
“Yo no sé por qué todo lo quieren ver desde el punto de vista electoral. En Veracruz hay que empezar a ver las cosas desde el punto de vista cultural”.
Los “asesores” de este funcionario lo habrán convencido de que “todos lo están haciendo” y que las autoridades electorales “no se atreverán a castigar a todos los que han colocado (si no ellos, las “expresiones ciudadanas”) propaganda con su nombre e imagen.
Nadie le explicó al secretario de Gobierno que está acumulando razones -todas con sólido fundamento jurídico- para que le sea vedada la posibilidad de participar en el proceso electoral que habrá de iniciar en el último trimestre del presente año.
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Epílogo.
Ocurrió en octubre del 2020, en la localidad Santa Teresa, del municipio de Lerdo de Tejada. Tres elementos de la policía municipal detuvieron a tres personas y desde entonces no se sabe nada de ellos. *** Cuatro policías y su comandante fueron condenados a cumplir 60 años de prisión por el delito de desaparición forzada. *** José Daniel “N”, quien se desempeñaba como director de la corporación y sus subalternos Carlos “N”, Fredy “N”, Jesús “N”, y Sergio “N”, fueron detenidos en abril del 2021 e internados en el penal de San Andrés Tuxtla. *** Apenas el pasado 23 de junio, dos policías de la Fuerza Civil fueron detenidos por la desaparición forzada de José Said Rizo Martínez, en Xalapa, quien trabajaba como repartidor y desde hace un año nada se sabe de él. *** En octubre del 2022 fueron detenidos cuatro policías estatales, acusados por la desaparición forzada de su compañero, Juan Alan Cuetero, alias “El Archi”, quien se desempeñaba como director de la Policía Vial y desapareció en abril de ese mismo año. *** Esa es la policía que vela por nuestra seguridad.
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