La fuente para que no se enrede es la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Por si no lo recuerda, la Deuda Pública de México en el 2018 era de 10 billones de pesos aproximadamente, esto es, en 5 años la deuda ha aumentado 40% en términos nominales.
Es decir, ¿Las autoridades hacendarias no le han informado bien al presidente Andrés Manuel López Obrador, o qué pasa realmente?
Es bonito y suena bien que un gobernante no aumente impuestos o que no aumente la deuda pública en su gobierno, pero decir que no, cuando es sí, rayaría en la incoherencia y en la mentira.
Porque si hubo fallas es normal, pues es de humanos errar, pero si deliberadamente le han mentido al Presidente y al pueblo de México, precisamente en tiempos de la honestidad, eso sí que sería intolerable.
El aumento de impuestos en cualquier tiempo y país, no tan solo es necesario -ya que las necesidades de la población son siempre crecientes- sino también es vital para apuntalar el crecimiento económico. Por ejemplo, cuando se requirió mayor energía, en México en lugar de invertir para aumentar la capacidad instalada en la producción, se recurrió a un paliativo cambio de horario.
Existen necesidades apremiantes que deben resolverse con prontitud y para eso se utilizan los recursos propios disponibles. Pero hay otras que se deben amortizar con el tiempo, dado que van a dar servicio a futuras generaciones como los puentes, carreteras, aeropuertos, obras turísticas como el Tren Maya, por ejemplo, cuyo costo puede y debe financiarse con créditos, sin que afecte la liquidez ni frene los Programas Operativos Anuales.
¿Quién adquiere una casa y la paga con el saldo de ingreso-gasto, sin recurrir al necesario crédito?
Pero al presidente mexicano quizá no se le ha explicado eso, le siguen el juego y se le avala en su deseo de no aumentar impuestos y tampoco recurrir a préstamos internacionales avalados en artilugios metodológicos.
En un artículo escrito por el doctor José Antonio Reyes González, para la Revista de Economía Mexicana, Anuario UNAM, se afirma que lo antes escrito tiene fundamento, que las autoridades hacendarias de México han mentido o al menos no han dicho la verdad, por las siguientes razones:
1.- “Si bien es cierto que en proporción al Producto Bruto Interno (PIB) esta variable es inferior en México a la que se tiene en varios de los países desarrollados, también lo es que éstos tienen una mejor situación de sostenibilidad fiscal”.
2.- “En nuestro país, el crecimiento del costo financiero de la deuda es mayor que el de los ingresos fiscales, por lo que buena parte del endeudamiento neto es para cubrir ese costo”.
El Doctor Reyes González las explica de la siguiente manera:
“La deuda en el país ha crecido a partir de los requerimientos financieros anuales del sector público, expresados en la información oficial al respecto; dado que en los últimos años se ha manifestado públicamente que el gobierno federal no se ha endeudado para atender sus presupuestos y las obras emblemáticas de la actual administración. El aserto ha sido reiterado por los medios convencionales de comunicación, y a través de declaraciones o presentaciones de funcionarios del área de la hacienda pública federal”.
Y abunda que: “Sorprende que ello ha acontecido a pesar de contarse con información que contraviene los decires públicos y cuyas fuentes provienen del gobierno federal, del poder legislativo correspondiente, así, como del Banxico y del INEGI, entre otras instituciones. Tal incoherencia puede deberse a dos posibles razones. La primera a un relativo artilugio metodológico altamente pregonado por los economistas y otros profesionales, y la segunda al uso mexicano oficial del concepto mismo de deuda pública”.
Es decir, el tamaño de la deuda se ha concentrado, en mucho, en su relación o proporción con el PIB. De tal suerte que, si la deuda pública aumenta proporcionalmente lo mismo que aumenta el PIB, se asume que sea dable decir que la deuda no habrá aumentado. Tal licencia obviamente se antoja falaz, toda vez que no se consideran las obligaciones que en flujo financiero y presupuestal impone anualmente una mayor deuda nominal o real. Mismas que pueden dinámicamente terminar reduciendo el llamado ‘presupuesto programable’ o de ‘libre disposición’, afectando la calidad del gasto y el espacio presupuestal. A ello se agrega el efecto que en el financiamiento de la economía repercute aumentar la deuda cada año, de ser el caso, en el equivalente del aumento del PIB. A estas consideraciones se pueden agregar otras más que resultan aleccionadoras tratándose de México”.
“En el segundo caso, la afirmación de que la deuda no ha aumentado puede deberse, particularmente, a la discrepancia histórica entre la denominación de “deuda pública” y el denominado Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP)”, escribe Reyes González.
El tema aquí es hasta dónde alcanzarán los recursos públicos propios por concepto de impuestos para financiar obras que deben ser pagadas por generaciones futuras.
Así, solo el tiempo le dará la razón a lo escrito por el Doctor Reyes González, y se podrá comprobar una vez que a las autoridades hacendarias del país no les quede otra opción más que la de recurrir a presupuestos deficitarios para cumplir con las políticas sociales institucionalizadas y deban apuntalar las necesidades propias del crecimiento económico hoy impulsado y el que por efectos externos se ha dinamizado en los últimos años en el país.
Tiempo al tiempo.
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