Se dice abogado y es muy probable que sea poseedor de un título en esa materia. Extraña, por lo tanto, que el diputado local por Coatzacoalcos, Sergio Lenin Guzmán Ricárdez, se atreva a asegurar que la permanencia de la actual titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández en dicho cargo, depende de su “ratificación” por parte de la gobernadora electa, Rocío Nahle.
Fue presidente municipal de Agua Dulce (con una polémica gestión) y actualmente forma parte de comisiones legislativas tan importantes como la de Hacienda Municipal y la de Seguridad Pública. Tan sólo esos antecedentes le debieron servir para entender que, desde su creación, la Fiscalía General del Estado es un organismo autónomo y así está plasmado en la Constitución local.
Jugando al adivino, podríamos suponer que hay tres razones por las que el legislador pudo cometer tal gazapo (“yerro que por inadvertencia deja escapar quien escribe o habla”, según la RAE):
Que desconozca la figura jurídica que le da forma a la Fiscalía (lo que sería muy grave para un representante popular); que lo sepa, pero que le importe poco y asuma -como todos- que en Veracruz ya no se mueve ni un clip si no es con la anuencia de la gobernadora electa, y que -a pesar de saberlo- haya querido enviar un mensaje muy claro a la titular de la Fiscalía, algo así como “no te mandas sola, no andes lanzando a los cuatro vientos que te quedarás en el cargo”.
Sí, es cierto, tampoco peco de ingenuo.
Los tres titulares de la Fiscalía han llegado a tal responsabilidad gracias a la voluntad del jefe del Poder Ejecutivo (quizá en menor medida en el caso de Verónica Hernández, pues su verdadero impulsor fue el entonces secretario de Gobierno, Éric Cisneros, por encima de las simpatías que el gobernador tenía por otro jurista).
Los fiscales que antecedieron a Verónica Hernández -Luis Ángel Bravo y Jorge Winckler- vieron interrumpido su período de nueve años. En el primer caso, cuentan que Miguel Ángel Yunes Linares “lo convenció” de que renunciara, con la promesa de que no actuaría en su contra, lo que al final no cumplió.
En el segundo caso, mediante una muy torcida treta legislativa Jorge Winckler fue separado del cargo y Verónica Hernández entró respaldada por la fuerza pública a las oficinas de ese órgano.
Hay versiones que mencionan que hace ya varios meses Verónica Hernández consiguió una cita con Rocío Nahle y que, en una muestra de su “buena voluntad”, la fiscal le puso en el escritorio su renuncia.
Sin embargo, la crítica de Rocío Nahle a la “lentitud” con la que se ha llevado el proceso contra los Yunes de El Estero y la “sugerencia” de recortar el plazo de los titulares de la Fiscalía, permiten anticipar que los días de Verónica Hernández al frente de ese organismo estarían contados.
Su más grave pecado: su cercanía con Éric Cisneros. Frente a la gobernadora electa, ningún otro argumento supera ese.
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Epílogo.
Este martes el abogado Tomás Mundo presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en contra de policías estatales que amenazaron a una familia con desalojarla de su domicilio sin contar con una orden judicial. *** El pasado 8 de julio por la mañana el matrimonio de Gabino Velázquez Hernández y María Elisa Saldaña Alfaro se encontraba en su domicilio en una colonia del puerto de Veracruz cuando se presentaron policías estatales portando armas de grueso calibre. *** La familia estaba en su domicilio (donde tienen un negocio de vulcanizadora) cuando los policías apuntaron contra ellos sus armas y a gritos, con lenguaje altisonante, les exigían que abandonaran el inmueble. *** “Ante la amenaza de uno de los policías, le pedí que me permitiera mostrarle documentos que avalan que nosotros ocupamos legalmente ese predio; soy albacea en un juicio testamentario que se está ventilando ante un juez competente en materia civil”, narró uno de los afectados. *** El abogado Tomás Mundo presentó la queja ante la CEDH debido al evidente abuso policial y pidió investigar el caso y elaborar una recomendación.
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