Al gobernador Cuitláhuac García no le resultó la apuesta. Cuando asumió el cargo, se encontró con un contrato incumplido para la adquisición e instalación de 6 mil 500 cámaras de videovigilancia. El golpe al erario superaba los 2 mil millones de pesos.
Lo primero que intentó hacer fue involucrar en el fraude a su antecesor, Miguel Ángel Yunes Linares, pero al ver que éste se había protegido y que eran funcionarios menores los que habrían operado el acuerdo, optó por buscar una negociación con la empresa contratada.
La empresa Comtelsat, propiedad de Manuel Arroyo, también propietario del periódico El Financiero, fue la ganadora del contrato con el gobierno de Veracruz durante el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares.
De manera “coincidente” esa misma empresa fue contratada en asignación directa por la Secretaría de Gobernación, en tiempos que la oficina la encabezaba Miguel Ángel Osorio Chong (político muy cercano a Yunes Linares) para brindar servicios especializados al área de Prevención y Readaptación Social que, se estima, tuvieron marcados sobrecostos.
Cuitláhuac García ha admitido en múltiples ocasiones que “prefirió” negociar con la empresa porque “hacían falta las cámaras y un litigio se prolongaría de manera indefinida”.
El caso es que se agotó el tiempo, Cuitláhuac García está por concluir su administración de seis años, y la empresa nunca cumplió con lo prometido. Falló su cálculo y existirían elementos para fincarle responsabilidades jurídicas al gobernador: Había un contrato incumplido y había una empresa responsable, pero no se actuó contra ella.
Todavía en enero del presente año, el gobernador anunció que presentaría “una nueva denuncia” por el fraude cometido con la instalación del Sistema Estatal de Videovigilancia.
“Vamos por toda la vía jurídica y la que corresponda por ese fraude”, dijo en aquella ocasión y aseguró que la empresa encargada de esa instalación “le mintió”.
En esa ocasión el gobernador admitió que sólo se había instalado el 40% de las cámaras que formaban parte del contrato, a pesar de que tuvo “acercamientos” con la empresa para tratar de llegar a un arreglo.
“Quedaron que sí y se les dio tiempo suficiente; instruí que me dieran el reporte (…) no esperaremos más, porque vamos ya hacia el fin de este sexenio y ya fue suficiente de esperar la reposición del daño”.
Por eso están enojados en la Ciudad de México con Cuitláhuac García: un expediente que pudo ser utilizado en contra del Clan de los Yunes, terminó convertido en una bomba de tiempo para el gobierno de Morena.
Se entiende que Cuitláhuac García no es abogado, pero en este, como en muchos otros casos, no tuvo un buen consejero… o no lo escuchó.
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Epílogo.
Y a propósito de la guerra jurídica contra los Yunes, este miércoles del senador electo Miguel Ángel Yunes Márquez actualizó su solicitud de amparo contra cualquier orden de aprehensión girada en su contra y pidió protección de la justicia federal en contra de actos por parte de la Fiscalía de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX). *** El juzgado noveno de distrito en materia de amparo, con sede en la Ciudad de México dio por recibidos “los escritos signados de manera electrónica por el autorizado del quejoso por el que desahoga la vista dada en auto de 23 de julio, e informa el nombre correcto de la autoridad responsable, que aduce se denomina: Titular de la Fiscalía de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México”. *** El pasado 18 de julio el juzgado noveno de distrito en materia de amparo otorgó a Yunes Márquez una suspensión provisional que frena temporalmente la ejecución de la orden de aprehensión librada en Veracruz por su presunta responsabilidad en los delitos de fraude procesal y falsificación de documentos. *** La Fiscalía de Veracruz acusa al panista de utilizar documentos falsos, declarar con falsedad ante la autoridad y cometer fraude al momento de intentar registrarse como candidato a la alcaldía de Veracruz en el proceso electoral de 2021. *** Hasta antes de este miércoles, la suspensión provisional se le concedió de manera específica contra “la orden de aprehensión, la solicitud y/o emisión de la notificación roja (ficha roja), la solicitud de detención provisional con fines de extradición y su ejecución”, y ahora se agrega en contra de actuaciones de la Fiscalía de Mandamientos Judiciales de la FGJCDMX.
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