Tan bueno como es él, sobre todo con los pobres, Andrés Manuel López Obrador anunció durante los seis años de su presidencia varias medidas en favor de los pensionados presentes o futuros del IMSS y del ISSSTE.

     Monto mínimo garantizado, beneficios adicionales, préstamos, aumentos anuales por encima de la inflación… fue revelado un paraíso para quienes disfrutaban o estaban a punto de disfrutar los favores de una larga vida de trabajo; favores que en buena parte eran sufragados por el mismo empleado con las aportaciones quincenales para su fondo de retiro.

     Quienes tienen más de 60 años, 30 años de trabajo en el ISSSTE o más de 500 semanas cotizadas en el IMSS podrían acceder a los múltiples beneficios ofrecidos por la Cuarta Transformación, para tener una vejez decorosa y una vida segura y digna, al menos en lo económico y en el cuidado de su salud.

     Era toda una maravilla que aparecía constantemente en el discurso mañanero del Patriarca y que llevó a muchos ciudadanos a convencerse de votar en favor del partido oficial. Todo estaba muy bien…

     Peeeero.

     La promesa tenía una trampita. Y es que los favores prometidos a los derechohabientes requerían de una cantidad de recursos que el Gobierno de AMLO no tenía, ni tiene en la actualidad el de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo resolver este problema? Pues fácil, entre otras medidas, prometieron los beneficios pero cerraron la puerta a los nuevos pensionados. El trámite para la jubilación se convirtió en un infierno porque en las oficinas correspondientes del IMSS y del ISSSTE empezaron a requerir una serie interminable de documentos y a retrasar arteramente los plazos de respuesta para los solicitantes. Hay movimientos que tardan hasta un año en resolverse.

     Va un ejemplo: antes, un empleado llevaba al ISSSTE su hoja de servicios que garantiza el tiempo trabajado, y con eso tenía completa la información necesaria. Pero ahora le exigen una constancia de trabajo expedida por la dependencia en la que laboró, y resulta que casi ninguna oficina del Gobierno da ese tipo de documentos. Eso implica vueltas y vueltas del solicitante y semanas de retraso hasta que alguien se apiade de él en alguna ventanilla y le digan que bueno, que no es necesaria la constancia imposible.

     Otra: las actas de nacimiento, matrimonio o defunción, que en el sexenio de Peña Nieto se volvieron permanentes porque vienen acompañadas de un código QR y una línea de captura, ahora deben presentarse con tres meses de antigüedad a lo sumo, con lo que hay que desembolsar innecesariamente a los registros civiles municipales correspondientes unos 200 pesos por cada acta… y más vueltas.

     El porcentaje de pensiones o jubilaciones aceptadas en los últimos años se ha reducido de manera notoria, y con ello también los dineros que deben pagar los fondos del Gobierno. Esta estrategia le ha servido a las autoridades, pero a cambio muchos mexicanos con derechos se han quedado meses y hasta años sin cobrar su pensión, y sobreviven de milagro.

     Mucho amor a los pobres, sí, pero más bien mucho engaño.

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