El criterio se repite en cada área, en cada rincón de la estructura estatal.
Para conformar el equipo que habrá de auxiliar a Rocío Nahle en el gobierno estatal, existen tres requisitos casi insalvables (pongan atención en la expresión “casi”) y cada uno de ellos tiene importancia según el lugar en que es mencionado.
El primer requisito es “que formen parte de nuestro movimiento” (esto es, lo que ellos llaman “la cuarta transformación”). Aunque esta es la exigencia más relevante, en realidad todos los días se dan ejemplos de “conversiones”. Gente que antes juró que jamás vestiría de guinda, que incluso ¡blasfemó contra su líder y mecías, Andrés Manuel López Obrador!, pero que, de pronto, como por arte de magia, “vio la luz” y se pasó al lado correcto de la historia.
La segunda exigencia es “tener buena fama”. Esto es, que no se tenga la percepción de que el candidato sea corrupto o recurrente violador de las leyes. Como el primer requisito, este punto también se “limpia” si el aspirante es un “convertido” y desde que fue invitado se le ofreció “borrón y cuenta nueva”.
El tercer requisito (y, por consecuencia, el menos importante de los tres) es demostrar conocimiento y experiencia en el ramo en el que habría de desempeñarse. El famoso 10 por ciento de capacidad que tanto pregonó el hoy expresidente de México.
Estas reglas no son un invento de la próxima gobernadora de Veracruz. Aplica para todos los gobiernos emanados de Morena y sus aliados.
Esto explica, de alguna forma, que al final tanto la presidente Claudia Sheinbaum, como Rocío Nahle, se hayan inclinado por el contralmirante Alfonso Reyes Garcés para asumir la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.
Allá por 2009, cuando era capitán de fragata y realizaba estudios de posgrado en California, escribió una tesis en la que cuestionó la estrategia del entonces presidente Felipe calderón, para combatir al narcotráfico.
Eso, en tiempos de Morena, es oro molido.
En su tesis, Reyes Garcés explicó que Felipe Calderón se había mostrado renuente a modificar la estrategia que exacerbó la violencia en el país, y con ello quedó entrampado en “una guerra sin fin” contra el narcotráfico.
El capitán de fragata de infantería e integrante de Fuerzas Especiales Alfonso Reyes Garcés escribió su tesis de maestría en la Escuela de Postgrado Naval (NPS, por sus siglas en inglés) de Monterey, California, centro de formación académica naval de Estados Unidos.
Hoy ya contralmirante, Reyes Garcés estuvo adscrito al Batallón de Infantería de Marina 27, en el Distrito Federal y se graduó en diciembre de 2009 de la NPS, con una especialidad en Análisis de Defensa, una división dedicada a la preparación de cuadros para los futuros campos de batalla, en especial en temas de terrorismo, insurgencia, guerras no convencionales y operaciones de información.
Militares estadunidenses y extranjeros egresados de esa división fueron enviados a operar en Iraq, Afganistán, Filipinas y Colombia como parte de su formación en guerras irregulares, dentro de las cuales algunos analistas estadunidenses ubicaban (en 2009) la “insurgencia delictiva” que padecía México.
Entre sus críticas, el oficial de marina afirmaba que, si el narcotráfico era una amenaza para la seguridad nacional, entonces debería ser tratado como tal.
En aquel entonces, las opiniones de Reyes Garcés iban en sentido contrario a lo que expresaba su jefe, el secretario de Marina, Francisco Sáynez Mendoza, quien llegó a declarar que la violencia desatada en el país se debía a que “la fiera está acorralada” y que “los cárteles se están desbaratando”.
Reyes Garcés, en su tesis, hizo una revisión sin paliativos de la manera en que se pretendía combatir al narcotráfico y las consecuencias negativas que había tenido, sobre todo, por la creciente violencia.
Con esa “estrellita”, Reyes Garcés es muy bien visto por “el movimiento” y si a eso se le agrega una larga trayectoria en tareas de seguridad interna y de formación en la Marina Armada de México, se encuadra un perfil idóneo para esas tareas.
Lo que habrá que revisar es si tendrá, no sólo el control operativo de la dependencia, sino también el financiero, ámbito que -se estila- les quitan a los titulares y son controlados desde una discreta subsecretaría en Finanzas.
Ya mencionamos en este mismo espacio que en los últimos meses se han registrado compras de patrullas, mediante el método de adjudicación directa (esto es, sin licitación) a una concesionaria radicada… en Zacatecas.
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Epílogo.
La inminente liberación de Javier Duarte estaba cantada. Aunque jurídicamente debió suceder desde hace mucho tiempo (cuando cumplió la mitad de su sentencia), tuvieron que darse acuerdos de carácter político para que el absurdo proceso que inició Jorge Winckler y prolongó Verónica Hernández, se cayera por falta de elementos. *** El pasado viernes un juez de control resolvió que sobreseyera el proceso iniciado contra el exgobernador veracruzano por la Fiscalía General del Estado (FGE) por “desaparición forzada de personas”, en contra del gobernador. Ese era el último pendiente jurídico que impedía que obtuviera su libertad. *** En realidad al gobernador no se le acusaba de ordenar la desaparición de alguna persona, sino de ordenar que se ocultara información sobre el hallazgo de cuerpos en una barraca cerca de El Lencero, lo que se equipara al delito original (artículo 318 Ter del Código Penal del Estado). *** La defensa de Javier Duarte demostró que los señalamientos en contra del exgobernador habían sido obtenidos mediante tortura, por lo que no existían elementos para sostener la imputación. *** El ingeniero (es crucial enfatizar su formación profesional) Cuitláhuac García, se quejó de que los jueces “aplicaron sabadazo” para sobreseer el proceso contra Javier Duarte, pero prometió que “no se saldrá con la suya”. *** No entiende el casi exgobernador que -como en el caso de los Yunes de El Estero- el futuro de Javier Duarte se definió en Palacio Nacional y, por supuesto, nadie consideró importante consultárselo.
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