Prefacio.

Las autoridades escolares, al menos en Veracruz, están cometiendo un grave error en su afán de dar cumplimiento al decreto que prohíbe la venta de comida “chatarra” en las escuelas. *** La nueva normativa advierte: “la autoridad escolar que promueva, propicie o permita la preparación, distribución, expendio o difusión de publicidad de alimentos y bebidas no permitidos para las escuelas (…) se harán acreedores a las sanciones establecidas en los artículos 171, 416, 417 y 422 de la Ley general de Salud”. *** La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) está ordenando a los directivos de todas las escuelas que impidan el ingreso de los alumnos que lleven como “lonche” productos procesados, ultra procesados o con sellos de advertencia. *** A los padres de familia les están haciendo llegar un formato que deben firmar, en el que autorizan sanciones para los menores que lleven “alimentos no saludables”. *** “Estoy enterado de que se realizarán las siguientes acciones en caso de que mi hijo asista con alimentos no saludables: primera incidencia, bitácora de llamado de atención al padre de familia; segunda incidencia, bitácora de llamado de atención al padre de familia; tercera incidencia, se citará al padre de familia en la institución con la autoridad correspondiente. *** No han entendido que la prohibición sólo va dirigida a quienes vendan, promuevan o fomenten el consumo de estos alimentos, pero las autoridades escolares no tienen ningún derecho a prohibir que los alumnos consuman esos productos. *** No los adquirirán en el centro escolar, pero los podrán llevar en sus mochilas, las que no pueden ser revisadas por ninguna autoridad escolar, pues violenta el derecho a la privacidad de cada estudiante. *** De pronto quieren ser más papistas que el Papa.

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Según la organización civil “The Armed Conflict Location and Event Data Project” (ACLED), con sede en Estados Unidos, en el proceso electoral del 2024 México registró 330 ataques contra figuras políticas. De todos ellos, en 95 hubo al menos un muerto.

Esa cifra convirtió la del 2024 en la campaña electoral más violenta de los últimos años, superando a lo registrado en los procesos de 2018 y 2021, que registraron 254 y 257 ataques respectivamente.

Si se contabilizan los ataques de todo el ciclo electoral, que inició el 7 septiembre de 2023 y concluyó el 15 de junio de 2024, la cifra se eleva a 540 eventos.

Con la proporción guardada, pues en 2025 sólo dos entidades (Veracruz y Durango) celebran elecciones, este año pinta para ser aún más violento.

El analista del Grupo Milenio, Carlos Puig, hace referencia en su más reciente artículo a las cifras que presenta Data Cívica (una organización civil feminista dedicada a la defensa de los derechos humanos) y menciona que durante el mes de febrero de este año se registraron 54 eventos asociados con la violencia político-criminal en el país, lo que representa un incremento de 38.46 por ciento en comparación con enero. Si esa cifra se compara con el mismo mes del 2024, hay un descenso de 8.47 por ciento. Con una salvedad: el año pasado fue la elección más grande de la historia de México.

“En su reporte de febrero, Data Cívica pone la mirada en Veracruz, donde este año se renovarán los cargos en 212 municipios. Y ahí la violencia político-criminal sigue creciendo conforme se acercan las elecciones”, advierte Carlos Puig y transcribe fragmentos del informe.

“Solo en febrero de este año, presuntos grupos de la delincuencia organizada atacaron a tres precandidatos y aspirantes para alcaldes en el estado. En Jilotepec, hombres armados balearon la casa del precandidato de Morena a la alcaldía, José Antonio Olivares Solano, y le dejaron una cartulina con amenazas para que abandonara la contienda.

“En la región montañosa central de Veracruz, la violencia alcanzó su punto más alto con el asesinato de Carlos Ramsés Neri, aspirante del PVEM a la alcaldía de Paso del Macho, y su hermano. En Cotaxtla, Vicente Domínguez Aparicio, empresario y aspirante de Morena a la alcaldía, fue secuestrado por un grupo armado y liberado con vida días después”.

Y agrega:

“También han sido blanco de ataques funcionarios, como el asesinato del coordinador de Tránsito de Tuxpan. Veracruz —documenta el reporte— es la tercera entidad con más ataques de violencia político-criminal desde 2018 a la fecha. De acuerdo con la base de datos de ‘Votar entre balas’, hemos observado que estos eventos se intensifican en los meses previos a las elecciones locales”.

Mientras tanto, las autoridades en Veracruz insisten en que “no hay focos rojos”, en que “no han recibido denuncias de los partidos políticos” y les recomiendan a los veracruzanos que aspiren a un cargo electoral y reciban amenazas, que “hablen al 911”.

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Epílogo.

Y a propósito de violencia política, el dirigente estatal del PRI, Adolfo Ramírez Arana, informó que la aspirante de Tecolutla, María Anel Poizot Irisson, fue amenazada junto con su familia y acudirá ante la Fiscalía General del Estado (FGE) a interponer una querella. Otros aspirantes, sin embargo, se niegan a denunciar por temor a las represalias. *** “Es obvio que si denunciamos se hace evidente la amenaza y la delincuencia organizada se mete con ellos. Pedimos que todos los candidatos tengan seguridad y habrá unos valientes que denuncien, pero habrá muchos otros donde la delincuencia organizada ejerce tal presión que no lo quieren hacer porque temen por sus vidas”. *** A propósito del PRI, este martes Raúl Díaz Diez presentó su renuncia a esa organización política, tras 29 años de militancia. *** “Crecí en un PRI que privilegiaba la inclusión y el diálogo. Hoy esos ideales se han perdido (…) Jamás comprenderé unirnos con quienes fueron enemigos. En política, la congruencia es el valor máximo”, escribió Raúl Díaz en una carta dirigida al dirigente priista en la entidad. *** Raúl Díaz Diez fue jefe de gabinete en el Senado durante la gestión de Beatriz Paredes; fue regidor del ayuntamiento de Veracruz y delegado de la Secretaría de Educación estatal.

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