Prefacio.

La ya de por sí irregular elección judicial está a punto de caer en el más aberrante de sus escenarios: la imposición, por capricho personal, de juzgadoras que fueron derrotadas en las urnas y a las que se les colocará en posiciones que ganaron aspirantes del género masculino. *** Ya lo habíamos anticipado ayer y este lunes la organización Poder Ciudadano salió a cuestionar la propuesta de la magistrada Mónica Areli Soto Fregoso en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de revocar magistraturas ganadas por hombres para asignarlas a mujeres. *** El argumento de Mónica Soto es que las aspirantes mujeres tuvieron más votos que los hombres, a los que el Instituto Nacional Electoral (INE), consideró como ganadores por haber sido los más votados en su género. Eso, sin embargo, raya en lo absurdo. *** Las aspirantes mujeres no compitieron contra los aspirantes hombres. Hubo boletas y espacios específicos para cada género y, por lo tanto, no se pueden comparar los votos obtenidos por unos y por otras. Más aún, cuando en algunos casos las opciones para elegir variaban en cantidad. *** Nilda Riaño, representante de Poder Ciudadano, puso especial énfasis en la gravedad del acuerdo aprobado en la Sala Superior: “Esa revocación implica dejar de lado una de las reglas más importantes de la contienda, consistente en que por primera vez en la historia del país las mujeres no compitieron con hombres, puesto que se diseñó una boleta paritaria en lugar de la boleta tradicional”. *** En las convocatorias de los comités de los tres poderes, se establecieron lineamientos de paridad que fueron aprobados por el INE en el acuerdo general y quedaron plasmados en la boleta electoral. Ahí se estableció con claridad que el 50 por ciento de los juzgados y tribunales serían para mujeres y el 50 por ciento para hombres. *** El magistrado federal electo en materia mixta Ángel Rosas Solano informó que su triunfo fue impugnado por dos mujeres que argumentan haber obtenido más votos que él, lo que calificó como algo equivocado: “Por primera vez en la historia de la República hubo una elección paritaria, en donde las mujeres competían exclusivamente con mujeres y los hombres con hombres. Esto se hizo, precisamente, como acción afirmativa para combatir el rezago histórico y esa discriminación que hubo durante muchos años en contra de las mujeres”. *** El propio Ángel Rosas y otros aspirantes ganadores que serían desplazados, presentaron la semana pasada una consulta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con el fin de conocer su posicionamiento respecto a una determinación que violenta artículos de la Carta Magna. *** Esperemos que esta barbaridad sea corregida.

* * *

Hay una máxima que se repite con frecuencia y suele acertar: “explicación no pedida, culpabilidad manifiesta”.

Mucha tinta ha corrido en los meses recientes por el incremento en los niveles de violencia criminal que se han registrado en Veracruz. Buena parte de lo que se ha escrito sobre ese tema apunta a la incapacidad de las autoridades -tanto estatales como federales- para hacer frente a organizaciones delictivas, mientras que otras opiniones tienden a exculpar al gobierno, atribuyendo a muy antiguos gobiernos (Felipe Calderón, en lo Federal, Fidel Herrera o Javier Duarte en lo local) la culpa del crecimiento de esas bandas.

En ningún artículo, sin embargo, se sugiere que el actual gobierno estatal, que encabeza Rocío Nahle, haya suscrito un “pacto” con grupos criminales. ¿Por qué, entonces, tanta insistencia de la gobernadora por afirmar que no hay acuerdos con el crimen organizado?

“Nuestro Gobierno no tiene pacto con nadie más que con el pueblo”, fue la expresión utilizada este lunes por Rocío Nahle al salir a dar la cara por el motín que se suscitó el fin de semana en el reclusorio de Tuxpan.

Curiosamente era una expresión que también repetía hasta el hartazgo su antecesor, el ingeniero Cuitláhuac García, y resulta que buena parte de la responsabilidad del actual brote de violencia es de aquel gobierno, que habría pecado -al menos- de omisión, si no es que hasta de complicidad.

Y es que la guerra en el norte de Veracruz, por el dominio territorial, entre organizaciones criminales (hoy, a la vista, Los Sombras, una escisión del Cártel del Golfo contra una representación del Cártel Jalisco Nueva Generación) tiene ya un buen rato, y habría salido a la luz la madrugada del primero de enero del 2023 cuando, de forma simultánea, se suscitaron ataques armados contra centros nocturnos de Poza Rica.

Desde entonces a la fecha se han registrado numerosos ataques vinculados con organizaciones criminales, al grado de que en múltiples ocasiones el gobierno federal reforzó la presencia de soldados, marinos y policías federales, los que permanecían un par de semanas y, una vez que reportaban que todo estaba en calma, eran asignados a otros puntos del país.

La violencia no inició con el secuestro y ejecución de la maestra Irma Hernández. Días antes había sido asesinado el exdirector del penal de Tuxpan, Antonio Huescas Figueroa (18 de junio) y fue “levantado”, obligado a grabar un video y luego liberado, el que fuera subdirector de ese mismo penal. Óscar Vázquez Balderas.

Y cuando ya era un escándalo nacional la ejecución de la maestra Irma Hernández, otro taxista fue secuestrado, logró evadir a sus captores y mientras convalecía en un hospital fue víctima de otro ataque. Él sobrevivió, pero su padre perdió la vida.

Y luego el motín en el penal de Tuxpan, con un saldo, hasta el lunes, de nueve fallecidos, y este lunes la aparición de al menos tres cuerpos desmembrados en el tramo carretero entre Poza Rica y Cazones y una ejecución en Tuxpan, con saldo de una persona fallecida.

Mientras terminan de elaborar el “diagnóstico” sobre los reclusorios de la entidad (algo que debió haber encargado la actual gobernadora desde que andaba en campaña), ya va siendo hora de que el responsable de la seguridad de los veracruzanos, el contralmirante Alfonso Reyes Garcés, dé una explicación de lo que ha sucedido y del papel que ha jugado la dependencia a su cargo.

Algo tiene que cambiar para que vuelva la paz al estado.

* * *

Epílogo.

Algo delicado parece estar sucediendo en las finanzas estatales. Diversos sectores vinculados con la administración pública han salido a protestar porque no les pagan. *** En esta ocasión fue el personal docente de los Institutos Tecnológicos de Veracruz, que se manifestó en las instalaciones de la Secretaría de Finanzas (Sefiplan) para exigir el pago de salarios y prestaciones que les adeudan desde hace varios meses. *** Denunciaron que les deben lo que corresponde a la quincena del 30 de julio, así como bonos del Día del Maestro y otras prestaciones contractuales acumuladas durante siete meses. *** Antes han sido jubilados, maestros, proveedores, contratistas y empleados del sector salud. ¿Dónde está el dinero?

filivargas@gmail.com