El periodista Sergio Sarmiento, colaborador del periódico Reforma, recordó este jueves las palabras de la presidente Claudia Sheinbaum: “Si algún miembro del gobierno o incluso de las fuerzas armadas” es parte de una ilegalidad, “fortalece a las instituciones llegar al fondo”.
También se refirió a lo expresado por el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, actual secretario de Marina, el pasado 16 de septiembre: “Fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido mucho más, y absolutamente imperdonable, callarlo”.
Se refería, por supuesto, a la vinculación de altos mandos de la Secretaría de Marina en el gran entramado de contrabando de combustible, lo que se conoce como “huachicol fiscal”.
Sergio Sarmiento llama la atención, sin embargo, sobre el alcance que pudiera tener la investigación sobre este delito:
“Me parece positivo también que se haya actuado en este gobierno contra los presuntos responsables del contrabando, pero eso no significa que deba exonerarse de antemano a quienes pudieron haberlos protegido”.
Esa es, en realidad, la siguiente etapa de esta investigación: saber hasta dónde llegó, en la estructura vertical de mando, el efecto corruptor del “huachicol fiscal”.
Una luz sobre eso nos la da el analista Salvador García Soto, en su colaboración para El Universal:
“Al final, como dijera el clásico, ‘haiga sido como haiga sido’, está claro que en Morena muchos están nerviosos y preocupados porque la corrupción desbordada que prevaleció en el sexenio de López Obrador, de la que fueron partícipes muchos de los altos mandos civiles y militares de ese gobierno, hoy empieza a aflorar y a investigarse”.
En Veracruz hay dos personajes que, si no están involucrados, seguramente saben mucho de toda esa red de corrupción,
Una es la gobernadora Rocío Nahle, quien era -cuando inició este negocio ilegal de combustible- la secretaria de Energía en el gobierno federal. Entre sus tareas estaba, precisamente, la de coordinar esfuerzos de diversas instancias oficiales, para combatir el huachicol, que en ese entonces se concebía sólo como el robo del combustible que Pemex conduce a todo el país a través de oleoductos.
A partir de que se trasladó el negocio a la importación ilegal (lo hacían pasar por aceites u otros productos que no requerían el pago del Impuesto Especial para Productos y Servicios, IEPS) a la red de complicidades se sumaron altos mandos de las aduanas del país.
Sobre la gobernadora está el señalamiento directo del general Eduardo León Trauwitz, quien fuera subdirector de Salvaguardia Estratégica de Pemex. Él asegura que entregó a la entonces secretaria de Energía “una carpeta con más de 300 hojas, gráficas, ubicaciones y nombres sobre el robo de hidrocarburo”.
Rocío Nahle aclara que la información que recibió del exmilitar fue “irrelevante”, aunque -según León Trauwitz- se trataba de datos que provenían de sistemas de monitoreo operados por el Ejército y la Fuerza Aérea, en los que se evidenciaba la infiltración del crimen organizado.
Sobre Ricardo Ahued, que tuvo un paso breve por la Dirección de Aduanas, hay otra narrativa. Quienes lo conocen aseguran que su salida de esa instancia federal fue, justamente, porque se percató del grado de corrupción que ahí imperaba. “Le informó al presidente lo que encontró y le presentó su renuncia”, comentan.
Si le damos crédito a esa versión, estaríamos asumiendo que López Obrador sí fue informado de lo que sucedía en las aduanas, lo que hasta ahora se empeñan en negar.
Raymundo Riva Palacio, columnista de El Financiero, describe con precisión lo que está sucediendo:
“El andamiaje moral del lopezobradorismo se está derrumbando no por las críticas de la oposición, sino porque la realidad lo está exhibiendo. Y cuando la narrativa ya no sostiene la credibilidad, lo único que queda es la propaganda. Pero la historia ha demostrado que ningún gobierno sobrevive mucho tiempo sostenido en la mentira. El desenlace no siempre llega en el poder; a veces, el ajuste ocurre después, cuando se pierde el miedo, empieza a circular documentación antes secreta y los cómplices se transforman en delatores. Es lo que en México se llama ‘el séptimo año de gobierno’”.
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Epílogo.
Ni el gobierno estatal, ni el ayuntamiento de Coatzacoalcos, cumplieron con compromisos plasmados en una minuta. Sin embargo, el “gran logro” de los habitantes de Tatahuicapan fue que “los perdonaran”, por haber dejado sin agua durante tres días a Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque. *** A cambio de ello, la línea de conducción al tanque de almacenamiento, lo mismo que los puentes y caminos prometidos para este año “se considerarán dentro del Programa General de Inversión para el ejercicio fiscal 2026”. *** Lo bueno es que en esta administración “se privilegia el diálogo”.
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