El mensaje que envió la delincuencia organizada es alarmante.
La propia presidente Claudia Sheinbaum aseguró que el alcalde de Uruapan, Michoacán, asesinado el pasado sábado, “contaba con protección federal” y los mandos territoriales de Defensa y de la Guardia Nacional mantenían comunicación con él.
El mensaje es que ni con la protección del gobierno se está a salvo de esos grupos delictivos.
¿Cómo insisten las autoridades en que se denuncien los casos de extorsión, de “cobro de piso”, si los que se han atrevido a hacerlo caen abatidos por las bandas de esos criminales?
Carlos Manzo se postuló como candidato independiente a la Presidencia Municipal de Uruapan en las elecciones de 2024 y resultó ganador. Antes de ser alcalde, Manzo fue diputado con las siglas de Morena de 2021 a 2024. De 2017 a 2018 fue auditor del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Michoacán.
Estudió Ciencias Políticas y Gestión Pública en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente y se destacó desde su campaña por la alcaldía por impulsar medidas controvertidas, como la activación de códigos rojos tras capturas de líderes criminales, como “El Rino”.
Se pronunció, además, en contra de la estrategia de seguridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se declaró a favor de aplicar “cero tolerancia” y por el uso irrestricto de la fuerza. Incluso llegó a pedir armas de alto calibre, para igualar la capacidad de fuego del crimen organizado.
Lo sucedido en Uruapan, Michoacán, debe provocar que las autoridades en Veracruz pongan especial atención en un fenómeno que ha crecido de manera sostenida en la última década: la violencia vinculada con la política.
Del análisis que realiza el gabinete denominado “Votar entre balas”, se observa que entre 2018 y 2024, las víctimas anuales de violencia política incrementaron casi 300% sumando un total de 2,259 víctimas.
Los municipios afectados pasaron de 127 a 322 en el mismo lapso, lo que representó un incremento del 153.5%. La mayor parte de los casos fueron asesinatos de actores municipales. Los homicidios representaron el 56.7% de las agresiones registradas y los actores municipales concentraron 72.3% de las mismas.
En ese fenómeno de violencia, el estado de Veracruz juega un papel preponderante. En el pasado sexenio se ubicó en tercer lugar nacional entre las entidades con mayor número de víctimas de violencia política: 201 (60.7% son asesinatos), sólo detrás de Guerrero (256) y Guanajuato (223). En esta entidad el número de víctimas de violencia política se incrementó 400%, al pasar de 10 en 2018 a 40 en 2024; año en el que no se llevaron a cabo elecciones municipales.
No tenemos que remontarnos muy lejos en el tiempo. Apenas el pasado sábado, por la mañana, el agente municipal de la localidad Cerro Colorado, del municipio de Apazapan, fue asesinado a balazos.
Efraín Ruiz se encontraba dentro de su vehículo en la calle Guadalupe Victoria, junto a las vías del ferrocarril, cerca de la zona conocida como “La Cumbre”, cuando varios hombres armados se acercaron a él y abrieron fuego.
Está claro que las corporaciones de seguridad del gobierno de Veracruz han sido incapaces de frenar la violencia en zonas claramente identificadas, como la región entre Poza Rica y el Totonacapan, o el extremo sur, pasando por Acayucan, Coatzacoalcos, Sayula de Alemán y Las Choapas.
Algo tiene que hacer el gobierno estatal, además de ocultar las cifras de muertos o prometer que los homicidios “no quedarán impunes”.
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Epílogo.
Una expresión que quedará grabada en la memoria de los veracruzanos: la gobernadora respondiendo a la reportera que la cuestionaba sobre el seguro contra desastres naturales-*** “Déjenme decirles algo, esto no es cuestión de dinero, ese no es el problema”, afirmaba Rocío Nahle en los primeros días de atención a las inundaciones en el norte de la entidad. *** Un gesto de soberbia que le siguen recriminando los veracruzanos y que no ha podido corregir la gobernadora. En cada acción de gobierno, la sociedad le hace ver que el dinero sí tiene qué ver. *** Un ejemplo de ello, es el caso de la representación de lucha olímpica de la entidad, que participó la semana pasada en una competencia en Oaxtepec, Morelos. *** Los clubes y padres de familia de los niños y jóvenes participantes acudieron al Instituto Veracruzano del Deporte (IVD), que encabeza el destacado atleta Crisanto Grajales. La respuesta oficial del gobierno para el que “el dinero no es problema”, que de absoluta cerrazón. *** Ningún apoyo, ni para el transporte, ni para el hospedaje, ni para su alimentación. En un extraordinario esfuerzo de los familiares de los pequeños competidores, sufragaron un transporte y viajaron en la madrugada del mismo día en que iniciaban las competencias, para no tener que pagar un día más de hospedaje. *** Mientras otras delegaciones llegaban en autobuses oficiales, con 48 horas de anticipación, a hoteles de primera categoría y con la alimentación más adecuada para su mejor desempeño, los deportistas veracruzanos dormían en las gradas del sitio de competencia y se alimentaban con lo poco que les podían proporcionar sus familiares. *** Así, en condiciones precarias, el club Pinar del Río, de Xalapa, que dirige el profesor Raúl Alexis Pérez Miranda, consiguió tres preseas de oro (Ricardo Guarneros Galicia, Laura San Gabriel Osorio y Juan Rafael Hernández Montaño); cuatro de plata (Daniela Ameyalli Landa García, Ignacio Baruch León González, Genaro Alexander Fuentes Tepetla y José Luis Hernández Romero), y dos de bronce (Ángel Moisés León González y Giovanni Nahum Fuentes Tepetla). *** Esto es: de 20 elementos que conformaban su equipo, nueve consiguieron subir al podio. ¿Cuánto más pudieron haber conseguido si hubieran contado con el respaldo de las autoridades estatales, esas para las que “el dinero no es problema”? *** Detrás de ese desinterés y abandono -cuentan- está la mano del subdirector de Desarrollo del Deporte del IVD, Eugenio Chimal Rodríguez y el desapego a sus obligaciones por parte de Crisanto Grajales.
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