Y en ésas estaban Claudia y Omar cuando desde Veracruz salió la Fiscal regional Karla Díaz Hermosilla con su batea de babas a decir que se había presentado un acto de terrorismo en el sur del estado. Con esa pifia enorme se estrenó la flamante Fiscal del estado, Lisbeth Aurelia Jiménez, quien había apenas tomado posesión en lugar de Verónica Hernández Giadáns.
Pero si Lafita logró superar esa tremenda acusación, no salió indemne de la orden que dio alguien de fabricarle un delito con el fin de que acallara su colmillo
informador y dejara de poner en evidencia a las autoridades policiales corruptas de la zona de Coatzacoalcos-Minatitlán, en donde ha vivido muchos años la gobernadora Rocío Nahle.
El regaño de la Presidenta y la llamada a cuentas de la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, apenas sirvieron para meter en cordura a las autoridades locales en caso del terrorismo, pero la venganza contra Lafita siguió su curso con dos delitos también oscuramente indicados: “encubrimiento por señalamiento” y “delitos contra las autoridades de seguridad pública”.
No se conoce a los testigos que acusan al periodista de nota roja, no hay pruebas públicas en contra suya, no ha explicado el juez con toda claridad por qué lo imputó y por qué le señaló un año de prisión domiciliaria.
Entre esas brumas, Rafael León Segovia solamente pide que lo dejen trabajar para mantener a su familia y que le respeten su derecho a informar profesionalmente sobre lo que ocurre en el sur del estado.
Pero parece que con eso pisa muchos callos.
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