“Es muy lamentable”, dijo la auditora general ante diputadas y diputados. Lamentable, sí, pero también revelador. Porque muestra que el problema no es la falta de reglas, sino la cultura de impunidad que algunos funcionarios todavía creen vigente. Les entró por un oído y les salió por el otro. O peor: escucharon, entendieron y decidieron ignorar.
La ley es clara. La Ley para la Entrega y Recepción prevé un procedimiento que ya está en marcha: un dictamen para conocer en qué términos se recibió cada administración municipal. Ese dictamen debe presentarse al ayuntamiento en un plazo de cinco días hábiles, y con base en él se puede llamar a las personas servidoras públicas salientes para que aclaren irregularidades. No es un trámite decorativo. Es un insumo clave para la fiscalización y, eventualmente, para la responsabilidad administrativa y penal.
Aquí aparece el papel del Congreso del Estado y del ORFIS como receptores de esos dictámenes. Son, en términos simples, los mapas de riesgo: indican dónde están las alarmas y los puntos rojos. Y cuando los focos se encienden en varios municipios a la vez, no estamos ante casos aislados, sino frente a un patrón.
El contexto financiero no ayuda. Al cierre de 2024, la deuda pública global ascendía a 51 mil 276 millones de pesos. De ese monto, 47 mil 074 millones corresponden a deuda pública y obligaciones del ejercicio; 3 mil 954 millones a deuda municipal; y 242 millones al Poder Judicial por la construcción de ocho ciudades judiciales. No son cifras menores. Son la fotografía de una entidad con márgenes estrechos y con poca tolerancia para la irresponsabilidad.
La propia auditora lo advirtió: 2025 será el año de la revisión, porque estos números corresponden al cierre de 2024. Lo que arroje la Cuenta Pública 2025 dará una radiografía más precisa de cómo se manejaron —o se malversaron— los recursos en el último tramo de las administraciones municipales salientes. Y ahí se caerán muchos discursos triunfalistas que hoy todavía circulan en redes y cafés políticos.
Conviene decirlo sin rodeos: el cargo terminó, la responsabilidad no. El fuero ya no protege, el discurso ya no distrae y la ignorancia de la ley no exime. Quien apostó al “Año de Hidalgo” se equivocó de época. Hoy hay procedimientos, hay coordinación institucional y hay una fiscalización que, con todas sus limitaciones, está decidida a ir más allá del papel.
La ciudadanía haría mal en pedir linchamientos. Pero haría peor en tolerar la impunidad. Lo que sigue no es venganza política ni ajuste de cuentas: es rendición de cuentas. Que cada peso tenga destino comprobable. Que cada bien público vuelva a su lugar. Y que cada exalcalde que se quiso pasar de listo entienda una verdad elemental de la democracia: gobernar no es servirse, y dejar el cargo no borra los actos cometidos.
Porque el “Año de Hidalgo” podrá ser una mala tradición, pero no es una figura legal. Y eso, para muchos, apenas empieza a quedar claro. |
