No es un asunto menor. La UPAV arrastraba problemas estructurales: ausencia de registros formales de plantilla docente, opacidad en la nómina y un modelo operativo híbrido que generó irregularidades durante años. Con la aplicación del Decreto 496, el Estado restituye el carácter plenamente público de la institución y establece mecanismos de supervisión directa mediante el Consejo Consultivo.
El mensaje es claro: la educación pública requiere reglas, registros y responsabilidad administrativa.
Ese mismo día, en el sector salud, la gobernadora encabezó la instalación del Sistema de Gestión Integral de Limpieza del Estado de Veracruz, LIMPIAVER, organismo que asume de manera directa los servicios de limpieza hospitalaria en el sistema estatal.
La decisión implica regularizar a más de 3 mil trabajadores que anteriormente operaban bajo esquemas privados con retrasos en pagos y condiciones laborales inciertas. La ratificación de María Elena Velázquez Reyes como directora general consolida la estructura operativa del organismo.
Más allá del nombramiento, el fondo de la medida es el mismo que en la UPAV: recuperar funciones estratégicas del Estado y garantizar certeza laboral y administrativa.
En el contexto de la transición al modelo IMSS-Bienestar, la limpieza hospitalaria deja de ser un servicio subcontratado sin control directo y pasa a formar parte de la responsabilidad institucional del gobierno.
Dos decisiones en un solo día, en dos sectores distintos, pero con una lógica común: ordenar instituciones, regularizar personal y transparentar procesos.
Porque si algo empieza a perfilarse con claridad en esta administración, es que el orden institucional se está convirtiendo en uno de los ejes del gobierno de Rocío Nahle: ordenar la universidad pública, ordenar el sistema de salud, ordenar la administración. Y cuando el gobierno pone orden, también construye certeza.
@IvanKalderon |
