Conviene poner los hechos en contexto. La industria petrolera mexicana tiene antecedentes preocupantes en materia de seguridad industrial. Explosiones en plataformas, fugas en ductos y accidentes en refinerías han cobrado vidas a lo largo de décadas. No es un problema nuevo, pero sí persistente. Y lo más grave: es un problema que no ha sido resuelto, pese a los cambios de gobierno y a las reiteradas promesas de modernización.
El argumento de que “no hubo riesgo para la población” suena, en este contexto, casi cínico. ¿Qué hay de los trabajadores? ¿Qué hay de las condiciones laborales, de los equipos de seguridad, de la capacitación y de la supervisión? La muerte de cinco personas, entre ellas una trabajadora de Pemex, no puede reducirse a una nota al pie en el parte oficial. Cada vida perdida es una evidencia de que algo no está funcionando.
Aquí es donde la política entra en escena. Los proyectos emblemáticos suelen blindarse con narrativa, no con resultados. Se defienden desde la tribuna, no desde la evidencia. Se celebran en conferencias, pero se descuidan en la operación cotidiana. Dos Bocas fue, desde el inicio, más un símbolo político que un proyecto técnico consensuado. Y cuando la política sustituye a la ingeniería, el margen de error se vuelve letal.
No se trata de descalificar por consigna, sino de exigir por responsabilidad. La seguridad industrial no es un lujo ni un asunto secundario: es una obligación legal y ética. Existen normas oficiales, estándares internacionales y protocolos claros para prevenir este tipo de incidentes. Cuando estos fallan, corresponde investigar, deslindar responsabilidades y, sobre todo, corregir.
El problema es que en México la rendición de cuentas suele diluirse. Se anuncian investigaciones que rara vez concluyen en sanciones ejemplares. Se reparten culpas de manera difusa. Se protege la imagen institucional por encima de la verdad. Y así, el ciclo se repite: accidente, indignación, olvido.
Dos Bocas debería ser una oportunidad para romper ese patrón. Para revisar a fondo las condiciones de operación, para transparentar los informes técnicos, para escuchar a los trabajadores y especialistas. Para reconocer errores sin maquillarlos. Porque la confianza pública no se construye con discursos, sino con hechos verificables.
También es momento de replantear la lógica de los megaproyectos. No basta con que sean políticamente rentables; deben ser técnicamente viables y socialmente responsables. La infraestructura energética no puede seguir operando bajo esquemas de improvisación o presión política. Requiere planeación de largo plazo, inversión sostenida en mantenimiento y una cultura de seguridad que no admita excepciones.
El incendio en Dos Bocas no solo dejó víctimas; dejó preguntas incómodas. ¿Se evaluaron correctamente los riesgos climáticos? ¿Se contaba con sistemas de contención adecuados? ¿Se siguieron los protocolos de emergencia? ¿Quién supervisa y con qué criterios? Son interrogantes que no pueden responderse con boletines, sino con auditorías independientes y resultados públicos.
La ciudadanía tiene derecho a saber, pero sobre todo tiene derecho a exigir. Porque detrás de cada proyecto financiado con recursos públicos hay una responsabilidad ineludible: proteger la vida. Y cuando esa responsabilidad se incumple, no basta con lamentar; hay que transformar.
Dos Bocas arde hoy no solo por el fuego, sino por la evidencia de que en México seguimos construyendo símbolos mientras descuidamos lo esencial: la seguridad, la verdad y la vida misma.
Porque cuando la propaganda sustituye a la prevención, el costo no se mide en barriles, sino en cadáveres. |
