Prefacio.

Cada día se le complica más al diputado Adrián Ávila Estrada justificar su militancia en Movimiento Ciudadano (MC). Por más que lo quiere justificar, para todos es evidente que el tinte naranja se le ha ido oscureciendo y cada vez se parece más al tono guinda. *** Es bien conocido de los compromisos (no sólo políticos, sino financieros) que viene arrastrando Adrián Avila con la dupla Peña-Nahle. Su llegada a la Legislatura local la vendió como “la posibilidad de tender puentes y construir escenarios políticos favorables para MC”. Los puentes que ha construido van de sus empresas a la Secretaría de Finanzas y el único escenario que ha impulsado es el de sus propios privilegios en el Congreso. *** Ya son varias las ocasiones en las que su voto se inclina a favor de Morena, incluso en contra de la postura del partido que le dio su curul. Se suele conducir “por la libre”, con el argumento de que su compromiso en MC es con Dante Delgado… con nadie más. *** Este jueves lo volvió a hacer. Apenas unas horas después de que el dirigente estatal de MC, Luis Carbonell de la Hoz, exigiera cuentas claras y transparencia en el manejo de la deuda pública del gobierno estatal, el diputado salió a “suavizar” esa postura. *** El legislador dijo “querer confiar” en la decisión tomada por el gobierno de Rocío Nahle de reestructurar la deuda pública, y de inmediato se dio a la tarea de justificar la medida. Aclaró que “no todas las reestructuras son dañinas”, pues explicó que “hay esquemas que cuando se mejoran las condiciones de un crédito, sí benefician”. *** Aunque coincidió en que debe haber más información, llamó a “confiar en la autoridad, porque a veces existen convenios, contratos, planes, plazos, intereses y se logra una reestructuración que beneficia”. *** Y, ya encarrerado, insistió en justificar la actuación del gobierno estatal: “Las tasas de interés luego asfixian o ahogan las finanzas públicas y se deja de invertir en infraestructura. Ojalá se actúe con responsabilidad, con mucha madurez, que se reduzcan los pagos de intereses porque todo ese dinero libre que queda se podrá utilizar en beneficio de los veracruzanos”. *** Y de pronto, como por arte de magia… se destrabaron los pagos para sus empresas.

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El 2 de abril de cada año se conmemora en todo el mundo el Día de Concientización sobre el Autismo. Con ese motivo, en la Ciudad de México, la titular de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama) la doctora Yerania Emireé Enríquez López, encabezó una jornada de sensibilización y llamado a la acción bajo el lema internacional: “Autismo y humanidad: toda vida tiene valor”.

En Veracruz, la Secretaría de Salud se limitó a subir a sus redes sociales un cartel alusivo a la fecha y mencionar que reafirma su “compromiso con la inclusión, el respeto y la atención integral de las personas dentro del espectro autista”.

Apenas el pasado sábado, 11 de abril, se presentó otra fecha significativa: el Día Mundial del Párkinson. Se estima que en México hay cerca de 500,000 personas que padecen esta enfermedad y cada año se registran cerca de 50 casos nuevos por cada 100,000 habitantes.

En Xalapa, el Club Rotario “Macuiltépetl” Asociación Civil invitó a la ciudadanía a participar en una plática sobre el Párkinson y a la presentación del libro “Párkinson Positivos, Juntos en el camino de vivir bien con Párkinson”, que realizó el 14 de abril. “El objetivo -explicaron- es concientizar acerca de las personas que viven con esta condición”.

¿Cómo visibilizó el gobierno de Veracruz esta fecha tan significativa?

En su portal de internet publicó un cartel en el que informa que “el Parkinson es un trastorno del sistema nervioso que afecta el movimiento y aunque es crónico y progresivo, existen medicamentos que ayudan a las personas a controlar los síntomas”.

Sólo eso.

La Secretaría de Salud en Veracruz vive una parálisis criminal, su titular, la doctora Mariela Hernández García, ocupa buena parte de su tiempo en sostener una guerra intestina con el director de Atención Médica, el doctor Roberto Alonso García Díaz, quien aspiraba a ocupar la titularidad de la Secretaría tras la renuncia de Valentín Herrera y que presume una “gran cercanía” con la familia Peña-Nahle.

Apenas el pasado lunes la gobernadora Rocío Nahle informó en sus redes sociales: “Me reuní con la junta de gobierno de la Secretaría de Salud de Veracruz y con el Servicios de Salud IMSS Bienestar, para impulsar el trabajo coordinado en este sector tan importante. La universalidad en el servicio de la salud requiere más recursos, más especialistas y mejorar algunos servicios todavía. ¡Estamos trabajando!”.

Alguien le tiene que explicar a la gobernadora que el sector salud requiere mucho más que “recursos, especialistas y mejores servicios”. Requiere gente que esté dispuesta a trabajar por los veracruzanos y no convertir a esa dependencia en un botín que se disputan entre bandidos.

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Epílogo.

La resolución de la jueza Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en Veracruz, Flor de María Meléndez Sánchez, abre un mundo de posibilidades para todos aquellos exfuncionarios del gobierno de Javier Duarte que mantienen procesos abiertos por peculado y otros delitos contra la administración pública. *** La juzgadora desechó -por considerarlos “ilegales”- los testimonios de Antonio Tarek Abdalá Saad, contra Fernando Charleston Hernández, exsecretario de Finanzas y ordenó dejar sin efecto el auto de formal prisión dictado el 28 de agosto de 2025 dentro de la causa penal 2/2023. *** En ese proceso Charleston Hernández es acusado de peculado, por el presunto desvío de mil 078 millones de pesos que -según la FGR- fueron transferidos a distintas cuentas bancarias y nunca llegaron a las áreas a las que estaban destinados, como el DIF estatal y el Instituto de Espacios Educativos. *** En opinión de la jueza, las declaraciones de Antonio Tarek Abdalá Saad -quien fue Tesorero en el gobierno de Javier Duarte y llegó a un acuerdo con la entonces Procuraduría General de la República (PGR) para ser declarado “testigo colaborador”- fueron integradas de manera irregular en la averiguación previa que dio origen al proceso penal. *** La jueza explicó que el Ministerio Público Federal vinculó esa diligencia a una investigación específica “sin acreditar su origen real ni justificar su incorporación”. La declaración fue tomada de una indagatoria distinta, lo que rompió la cadena de legalidad requerida. *** Este fallo obliga al juez de control a convocar a una nueva audiencia y valorar nuevamente las pruebas disponibles, excluyendo las declaraciones de Antonio Tarek. *** La resolución da una pista para que en muchos otros casos se desestimen los testimonios del “testigo protegido”.

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