Durante años, el discurso político en México ha insistido en la necesidad de dignificar el servicio público. Sin embargo, pocas veces esa exigencia se traduce en medidas concretas dentro de los propios espacios de poder. Por eso, el reciente acuerdo para aplicar descuentos salariales a diputadas y diputados que falten o rompan el quórum en el Congreso de Veracruz representa un mensaje político necesario.

Y sí, también es justo reconocerlo.

En tiempos donde la ciudadanía observa con creciente desconfianza a la clase política, resulta imposible defender privilegios que no existen en ningún otro ámbito laboral. Cualquier trabajador que incumple con sus responsabilidades enfrenta consecuencias. El Poder Legislativo no tendría por qué ser distinto.

La crítica hacia la improductividad del Congreso veracruzano no nació ayer. Desde hace tiempo existe molestia social por sesiones suspendidas, retrasos legislativos y ausencias constantes que afectan directamente el funcionamiento institucional. El problema no solamente es político; también es ético. Porque cada curul vacía representa decisiones detenidas, debates aplazados y ciudadanos sin respuesta.

En ese contexto, la presión ejercida desde la oposición para exigir orden parlamentario terminó generando resultados. Aunque el debate seguramente continuará, el hecho de establecer descuentos económicos por faltas injustificadas envía una señal importante: el cargo público debe asumirse con responsabilidad y no como un privilegio blindado de consecuencias.

Reconocer esta decisión no significa ignorar las diferencias partidistas ni mucho menos cancelar la crítica política. Significa aceptar que, cuando una medida fortalece la rendición de cuentas, debe decirse con claridad. Veracruz necesita más legisladores presentes en sus curules y menos simulación política.

Porque al final, la ciudadanía no eligió representantes para ausentarse. Los eligió para trabajar. Está columna se publica los lunes, miércoles y viernes.