La reciente validación por parte de la Suprema Corte respecto a las directrices de la SEP —esas que prohíben reprobar en automático a un alumno por faltas o materias no acreditadas— nos coloca ante un espejo incómodo como sociedad. Bajo la bandera del humanismo, el progresismo institucional y el "interés superior de la niñez", el Estado mexicano parece haber decidido que la mejor manera de resolver la fiebre es rompiendo el termómetro.

Garantizar la permanencia de los jóvenes en las aulas es, sin duda, una causa noble. La deserción escolar es una tragedia silenciosa que desangra el futuro del país. Sin embargo, el error del diagnóstico es de proporciones históricas: la deserción no es una causa en sí misma, sino el síntoma de varias realidades profundas y dolorosas que golpean a las familias mexicanas, como la pobreza, la desintegración familiar y la falta de oportunidades.

Pensar que estas causas estructurales se resuelven regalando calificaciones ausentes de mérito y repartiendo becas de asistencia es una ingenuidad preocupante, o, peor aún, es la simulación política con propósitos muy distantes al “bienestar” de los estudiantes. Las becas alivian el día a día, pero no enseñan a leer; el pase automático mejora las estadísticas del sistema educativo, pero no dota al estudiante de pensamiento crítico ni de habilidades matemáticas.

El verdadero peligro de estas políticas públicas radica en el mensaje de fondo que se inyecta en las venas de las nuevas generaciones, haciéndoles concebir que el cumplimiento no importa, que la constancia es opcional y que el resultado llegará de todos modos por cortesía del Estado.

Al “proteger” a nuestros niños y jóvenes del rigor de la evaluación, los estamos desarmando para la vida. La escuela debería ser el espacio para aprender a gestionar la frustración, para entender que un fracaso es el primer paso de un aprendizaje y que los premios se alcanzan con base en el esfuerzo empeñado.

Afuera del aula, en el mundo real, la vida no se rige por decretos de “bienestar” gubernamental; ahí la competencia es permanente, voraz y globalizada. Al mercado laboral no le importan los "pases automáticos". Ahí afuera, solo aquellos que se han forjado en la disciplina, que han aprendido a superar retos y que han desarrollado resiliencia a base de mérito propio, se convierten en personas de éxito y en verdaderos motores de cambio. Esa es la realidad para la que no estamos preparando a las siguientes generaciones y la vida los va a aplastar.

Defender a ultranza los programas sociales y las políticas educativas que premian sin necesidad de esfuerzo y sin el logro de resultados tangibles no es un acto de justicia social; es una trampa de compasión mal entendida. Al eliminar el mérito, no estamos igualando hacia arriba; estamos nivelando hacia abajo.

De continuar por esta ruta, donde la simulación sustituye a la exigencia académica y la dádiva reemplaza al desarrollo de capacidades, estaremos cometiendo un crimen generacional. Lejos de sacar a los jóvenes de la pobreza, estas disposiciones los están sentenciando de por vida al rezago cognitivo, a la falta de competitividad y, en última instancia, a una dependencia eterna de los programas oficiales. La educación debe ser el puente hacia la libertad y la autosuficiencia, no el ancla disfrazada de justicia que sentencia a vivir “jodidos, pero contentos”. Porka Miseria.