La propuesta de MORENA para incorporar la “injerencia extranjera” como causal de nulidad electoral en Veracruz abre un debate que va más allá de la técnica legislativa. En principio, pocos podrían oponerse a la idea de proteger la soberanía de las elecciones. Ninguna democracia debería permitir que gobiernos, organizaciones o intereses externos influyan en la voluntad de sus ciudadanos.

Sin embargo, el verdadero desafío está en definir qué se entenderá por “intervención extranjera” y cómo se probará. En una era donde las redes sociales, las plataformas digitales, los medios internacionales y hasta las campañas de desinformación cruzan fronteras en cuestión de segundos, la línea entre una influencia externa legítima y una injerencia indebida puede resultar difusa.

La iniciativa establece que la nulidad procedería cuando existan pruebas objetivas y materiales de que dicha intervención incidió en el resultado electoral. Sobre el papel parece razonable. No obstante, en la práctica podría convertirse en un terreno fértil para disputas postelectorales interminables si los criterios no quedan perfectamente delimitados.

La discusión adquiere una dimensión política particular porque surge en un contexto donde la polarización electoral es cada vez más intensa. Si bien la reforma también incorpora causales relacionadas con recursos de procedencia no comprobada y violencia política de género, el tema de la injerencia extranjera es el que inevitablemente atrae la atención pública debido a su carga política y simbólica.

La pregunta central no es si Veracruz debe proteger sus elecciones de intereses externos. Eso es indiscutible. La pregunta es si la legislación será capaz de distinguir con claridad entre una amenaza real a la soberanía electoral y una acusación utilizada como herramienta para impugnar resultados adversos.

Las democracias sólidas no solo necesitan mecanismos para sancionar irregularidades; también requieren reglas que impidan que esos mismos mecanismos sean utilizados con fines políticos. De lo contrario, una medida diseñada para fortalecer la confianza ciudadana podría terminar generando más incertidumbre que certeza.

El reto para los legisladores veracruzanos será encontrar ese equilibrio. Porque tan peligroso es permitir la intervención extranjera como abrir la puerta a interpretaciones que conviertan cualquier elección cerrada en una batalla jurídica sin fin. La legitimidad democrática depende de ambas cosas: defender la soberanía y garantizar certeza en los resultados. Está columna se publica los lunes, miércoles y viernes.

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