La gobernadora Norma Rocío Nahle García parece haber entendido oportunamente esa dimensión.
Veracruz mantiene una relación histórica con el azúcar. Desde aquel primer trapiche establecido en 1524 en la región de Santiago Tuxtla, la llamada fiebre del “oro dulce” ha atravesado cinco siglos de historia económica. Actualmente, la entidad conserva una posición fundamental dentro de la producción nacional de caña y azúcar.
Pero esa fortaleza no significa ausencia de problemas.
La agroindustria enfrenta ciclos de precios adversos, mayores costos de producción, necesidades de modernización tecnológica, envejecimiento de instalaciones, dificultades financieras y una competencia internacional que obliga a incrementar productividad y eficiencia.
San Pedro representa hoy una expresión concreta de esas dificultades.
Cuando Grupo Porres planteó la posibilidad de cerrar la factoría, Nahle reaccionó bajo una premisa que merece analizarse: “Los ingenios tienen una responsabilidad y actividad social”.
La frase resulta relevante porque establece un límite entre la legítima rentabilidad empresarial y las consecuencias sociales derivadas de abandonar una unidad productiva alrededor de la cual se construyó toda una economía regional.
Cerrar San Pedro significaría mucho más que apagar calderas.
Representaría reducir la demanda de caña, afectar productores, transportistas y trabajadores; disminuir el consumo en Lerdo de Tejada y municipios cercanos y golpear una cadena productiva que alcanza Los Tuxtlas y la Cuenca del Papaloapan.
Nahle decidió entonces intervenir políticamente.
Primero buscó a los propietarios. Después escuchó trabajadores y productores. Con ese diagnóstico llevó el problema hasta la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuya respuesta fue involucrar directamente a la Secretaría de Agricultura.
La reciente presencia de Columba Jazmín López Gutiérrez en Veracruz, participando en la mesa de trabajo con empresarios, funcionarios y sectores involucrados, confirma que el problema escaló correctamente del ámbito estatal al federal.
Aquí aparece un elemento importante: el rescate no puede convertirse simplemente en una transferencia de recursos públicos para absorber pérdidas privadas.
Si habrá intervención gubernamental, deberán establecerse compromisos claros.
Grupo Porres tendrá que transparentar la situación financiera y operativa de San Pedro, explicar las causas que hacen inviable —si realmente lo es— continuar operándolo y determinar cuánto requiere su rehabilitación. El Gobierno, por su parte, deberá evaluar alternativas que garanticen que cualquier apoyo tenga como objetivo preservar la cadena productiva y no únicamente rescatar al propietario.
Nahle ya identificó uno de los problemas centrales: las instalaciones requieren mantenimiento.
Precisamente ahí puede encontrarse parte de la solución.
Porque rescatar San Pedro para dejarlo funcionando bajo las mismas condiciones estructurales que provocaron la crisis únicamente aplazaría el problema. La verdadera salida exige modernización, productividad, eficiencia energética, certidumbre para productores y una estrategia que permita garantizar materia prima suficiente para futuras zafras.
También será indispensable revisar integralmente la situación de la agroindustria cañera veracruzana.
San Pedro podría ser una advertencia.
La importancia de la actuación gubernamental radica precisamente en no esperar a que las chimeneas dejen de humear para preguntarse qué ocurrió.
La gobernadora ha sostenido que si el empresario ya no quiere continuar deberán buscarse otras opciones. Esa posición abre posibilidades que tendrían que estudiarse con rigor: encontrar nuevos inversionistas, construir esquemas asociativos o explorar mecanismos jurídicos y financieros que permitan preservar la unidad productiva.
Lo que difícilmente puede aceptarse es el abandono.
Porque existen empresas cuya dimensión económica termina otorgándoles una responsabilidad territorial. Un ingenio azucarero pertenece jurídicamente a sus accionistas, pero alrededor suyo existen comunidades enteras que dependen de su funcionamiento.
La intervención de Nahle y Sheinbaum coloca ahora el problema donde corresponde: en una mesa donde empresarios, productores, trabajadores y gobiernos deberán asumir responsabilidades.
Salvar San Pedro no significa salvar únicamente una fábrica.
Significa impedir que una parte de Los Tuxtlas y la Cuenca pierda uno de sus principales motores económicos.
Y también demostrar que gobernar implica anticiparse a las crisis, sentar a las partes, buscar soluciones y comprender que, algunas veces, detrás de una chimenea encendida está el sustento de miles de hogares.
Al tiempo.
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